 La titular del juzgado número 2 de Llíria ha admitido a trámite una querella presentada por los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Bétera (PSPV, Bloc, CUBE y EU) contra el alcalde José Manuel Aloy (PP) por una presunta prevaricación administrativa, al haber contratado en repetidas ocasiones, por decreto y sin concurso de adjudicación, los servicios del mismo despacho de abogados. Según explicaron ayer fuentes de estos cuatro partidos, el consistorio ha gastado una media de 300.000 euros al año en contratar los servicios de este despacho, sobre todo para asesorar en procesos judiciales relacionados con las actividades urbanísticas. La querella recoge que el ayuntamiento ha pagado a los asesores por cada consulta o servicio legal y no por un conjunto de trabajos.
Según los denunciantes, las primeras contrataciones se realizaron en 2004 tras la llegada de Aloy a la alcaldía y se han ido repitiendo hasta ahora. Justo este mes, y una vez aceptada la querella por la juez que tomará declaración al primer edil el próximo 30 de noviembre, el gobierno municipal tiene previsto sacar un pliego de condiciones para adjudicar un contrato de servicios externos judiciales.
La juez también ha llamado a declarar, en calidad de testimonio, a la interventora municipal que, según expresan los denunciantes, ha advertido en varias ocasiones al alcalde que la forma en la que estaban contratando a este bufete jurídico podría ser ilegal.
A preguntas de este periódico, Aloy ha preferido no hacer declaraciones hasta que estudie la querella de la que, según subrayó, tuvo noticia el pasado lunes.
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