El alcalde de Bétera, José Manuel Aloy (PP) acudió ayer al juzgado número 2 de Llíria para declarar por un posible delito de prevaricación administrativa por haber contratado de forma continuada, mediante decretos de alcaldía y sin hacer oferta pública de contratación, al gabinete de abogados Garrigues Walker para que defendiera al consistorio en procesos judiciales relacionados con el urbanismo.
La declaración se prolongó durante media hora, en la que el alcalde defendió su actuación asegurando que se trataba de contratos menores que se firmaron "con la creencia siempre de que lo hacíamos respetando la legalidad", aunque, tal como reconoció ayer el propio Aloy, la interventora municipal emitió un informe señalando la conveniencia de obtener el servicio mediante concurso público. "Creíamos que estábamos haciendo lo que era justo y legal", reiteró el alcalde a este periódico. "La labor que ha realizado este gabinete ha sido totalmente favorable para los intereses del municipio, ya que ha ganado el 95% de los casos", añadió.
La comparecencia se produce después de que el juzgado admitiese a trámite en 2009 la querella presentada por los concejales de PSOE, EU, Bloc y CUBE por una presunta prevaricación. El equipo de gobierno encabezado por Aloy comenzó a contratar a Garrigues Walker en 2004, según señalaba ayer el alcalde por su "prestigio, que ha quedado confirmado en que ha ganado la mayoría de los casos y el dinero que ha ahorrado al municipio ha sido mucho mayor que sus honorarios". Diversas fuentes apuntan a que la cantidad de euros que podría haber ingresado el bufete superaría los 300.000 euros al año. La oposición señala que el consistorio contrataba a la empresa de forma directa a través de pagos de 5.995 euros.
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