Política

Durante el pasado pleno ordinario en el Ayuntamiento de Bétera se vivió una auténtica batalla campal dialéctica entre el Concejal de Compromís, José Rodado, y el Portavoz del PP y Concejal de Medio Ambiente, Javier Alapont.

El motivo no era otro que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Bétera a devolver al estado original el Barranco de “El Carraixet” y por lo tanto eliminar todas las obras comenzadas para construir una carretera que aligerase el tráfico de la localidad.

Una carretera en “El Carraixet”

El problema es que el barranco, aunque está situado en el término municipal de Bétera, no es propiedad del Ayuntamiento si no de la Confederación Hidrográfica del Júcar por lo que no se puede construir en él sin el permiso de dicho organismo.

Este es un asunto lleva arrastrándose desde la legislatura anterior, de hecho fue el Alcalde del PP, José Manuel Aloy, quien tomó esta decisión sin disponer de los expedientes e informes técnicos necesarios para realizar esta infraestructura.

Según fuentes consultadas fue EUPV-VERDS-IR , formación que en aquellos momentos formaba parte de la corporación municipal, quien lo denunció frente a la CHJ. En un primer momento el organismo interpuso una sanción grave a Bétera que ascendía a 300.000 euros y que afortunadamente tras el trabajo del servicio jurídico  ha quedado en una multa de 242 euros al considerar que no hubo “mala fe” en la decisión.

Casi 90.000 euros para devolver el barranco a su estado original

Lo que si tiene que pagar el Ayuntamiento de Bétera en estos momentos son las obras para devolver a su estado original el barranco (67.000 €) y el coste de los abogados y procuradores que durante los últimos años han trabajado en este caso (20.000 €). En total casi 15 millones de las antiguas pesetas que en estos momentos de crisis económica mermarán todavía más las cuentas de Bétera.

El Concejal de Compromís, José Rodado, calificó esta decisión política de “bestial” e insistió que “que el PP debería de depurar responsabilidades políticas ante una actuación tan desacertada como ésta”.

“El pueblo es quien debe juzgar estas acciones”

Por su parte la Portavoz de el PSOE de Bétera, Pilar Ros, también ha lamentado que esta actuación vaya a costar a los ciudadanos de Bétera más de 90.000 euros “si las cosas se hubiesen hecho siguiendo los procedimientos establecidos en estos momentos no nos encontraríamos en esta situación. En estos momentos el Ayuntamiento sólo puede acatar la sentencia y pagar y es el pueblo quien debe de juzgar las actuaciones llevadas a cabo por el PP”.
Compromís logró poner contra las cuerdas al Portavoz del PP, Javier Alapont, y al Alcalde de Bétera, Germán Cotanda, quienes en defensa del anterior gobierno municipal declararon que “a veces se toman decisiones pensando en el bienestar de los ciudadanos de buena fe y luego no salen bien. Nos guste o no tenemos que acatar la sentencia y pagar”.
 

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  1. Está bien que se digan las cosas como son: el pp debería asumir responsabilidades políticas por una decisión nefasta y chapucera que nos va a costar 90000 € a los ciudadanos. Denunciese y hagase campaña para que la gente lo sepa. Creo que es lo más importante. Pero convertir el pleno municipal en una especie de plató de telecinco no me parece una buena idea.

  2. Este asunto viene de larga cola y mezcla otros menesteres muy oscuros como el del caso Garrigues. Parece ser que no se depurarán responsabilidades políticas. Dice el Código civil que la ignorancia de las leyes no escusa de su cumplimiento, que la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo y por último también dice que el que cause daño a otro por acción u omisión está obligado a reparar el daño causado. En conclusión si tenemos unas normas y no las cumplimos iremos poco a poco a una anarquía disfrazada de falsa autoridad. La alquimia de las cuentas y los números obligará a ver de dónde se sacan los 90 mil de los grandes. Igual subiendo un cuarto de punto el IBI o el Impuesto de Circulación o la tasa de basura (quién sabe) se saque esa cantidad y se dirá que se subió el impuesto tal o cual por la crisis. Esa es la responsabilidad que hay que depurar, el pueblo eligió electoralmente a sus gobernantes y por los errores de estos debe de pagar el pueblo si no haber votado a otro. Es así? Pues bien esta argumentación es una falacia que reduce los elementos de culpa a lo absurdo, pero de alguna manera funciona.

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