La Consellera de Territorio y Vivienda, Isabel Bonig, ha estado hoy en Bétera haciendo entrega de las llaves de viviendas sociales a tres familias de la localiad.
Con la entrega de las llaves y la firma de un convenio el Ayuntamiento de Bétera se integra en el Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social de la Generalitat, cuyo objetivo es atender las necesidades de las familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales.
Los pisos entregados pertenecen a los grupos de viviendas de patrimonio público de la Generalitat, gestionadas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). En este municipio, la Generalitat gestiona un total de 78 viviendas en tres grupos diferentes. De ellas, 40 están cedidas en régimen de venta con pago aplazado y 38 están alquiladas.
Además, la inversión realizada en los grupos de viviendas públicas en Bétera en los últimos años por parte de la Generalidad ha sido de 129.496 euros.
En su discurso, la consellera ha destacado el esfuerzo que desde la Generalitat se está realizando para atender las necesidades de las familias valencianas. “Ese esfuerzo se traduce en una nueva convocatoria de ayudas en materia de vivienda por valor de un millón de euros que se destina a familias de especial vulnerabilidad”. Con esta nueva medida “se priorizará el pago de las ayudas” a las personas que cumplan las condiciones que se establecen en las bases para facilitarles el alquiler y adquisición de viviendas protegidas.
¿Quién puede acceder a estas viviendas protegidas?
Bonig ha recordado que el plazo para presentar las solicitudes concluye el 31 de octubre de 2013. De ella se pueden beneficiar familias de especial vulnerabilidad en determinadas situaciones: contar con una notificación en su favor de la Consejería de una resolución de concesión de ayudas; no disponer ningún miembro de la familia solicitante de una vivienda; que la unidad familiar sea considerada de especial vulnerabilidad (familia numerosa, monoparental, con un menor de tres años, embarazadas, personas objeto medidas de realojamiento, con mayores de 65 años, con una persona con discapacitadad, familia en la que el deudor hipotecario esté desocupado, que haya una víctima de violencia de género, etc). Además de estos supuestos, deberán concurrir determinadas circunstancias económicas.
