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José Tirso Corbacho, escritor y ciudadano de Bétera.

El actual contexto político  en Bétera, con las elecciones a la vuelta de la esquina, es propicio para  los pactos y prebendas, siempre de espaldas a la opinión pública, pero de cara a proyectar  un nuevo equipo de gobierno cuya forma y composición  se decidirá con los votos de los habitantes del municipio. Ningún partido debiera pronunciarse ahora  abiertamente y en público  sobre los posibles pactos que piensan hacer con otros partidos, no vaya a ser que eso  les quite  la intención de voto que se han granjeado haciendo gala de una exquisita capacidad de resolución de los problemas que más afectan a los beterenses.

Cuando un ciudadano normal asiste a los plenos municipales o de Las Cortes Valencianas  es bastante común que no se entere de muchas cosas que se hablan habitualmente en estos  órganos. La razón no es casual, sino que esto se debe a que el debate político se ha extrapolado, principalmente a los medios de comunicación. Esto sucede porque se pretende recortar el debate político por motivos económicos. Es muy difícil confrontar posturas, pensar y repensar en vivo y en directo en lo que uno está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo. En la razón de todo esto se esconde  la disciplina de partido, que en la práctica expropia la autonomía que supone el mandato imperativo de los concejales.

De esta manera la mayoría de las discusiones políticas en los organismos en los que queda representada la soberanía popular están completamente vaciadas por las posturas que previamente se conforman en el seno de los partidos. Se nos muestra el enfoque  de confrontación entre dos bloques, ya que es lo menos arriesgado y lo que polariza al votante de manera más  instantánea.  La discrepancia individual, y más dentro del mismo partido, se ha castigado tradicionalmente  con más contundencia por parte del electorado que los casos de corrupción o el incumplimiento del programa electoral.

Gracioso resulta el caso de los diputados de la oposición de las Cortes Valencianas que se hacen las víctimas al afirmar que ellos se sienten estafados por el Partido Popular  al conocerse que  la Junta de Portavoces ha decidido devolver casi la totalidad de  la paga extra de 2012,  que simbólicamente se quitaron todos los diputados. Ahora parece que devolverán casi todos los diputados  la mayor parte de esa paga extra,  bajo la amenaza de no ir a las listas de sus respectivas formaciones políticas.

Esta orden  la ha dado también el PP a sus diputados, incluso a los de la Mesa  de Las Cortes,  que cobraron alrededor de  5.000 euros de esa paga extra en sus nóminas  del mes de febrero .  Aunque se prevé que  diputados como Rafael  Blasco, expulsados del PP,  no la acaben devolviendo. Lo más llamativo de todo esto es que estas decisiones internas de los partidos han adquirido forma jurídica e institucional mediante una nueva  decisión, no vinculante, de la Junta de Portavoces. ¿Todo esto resulta un tanto  extraño nó.

En el plano de esta batalla  poli bueno y el poli malo entre gobierno y oposición,  y entre oposición y gobierno, en el municipio o en las Cortes Valencianas, el electorado se posiciona entre una fracción u otra, pero entre tanto pasa el tiempo y no se ofrece una solución a unos problemas personales de los ciudadanos, los cuales son el indicio de otros problemas estructurales de los cuales tampoco  se ofrecen soluciones, sino parches y reasfaltados que no hacen más que agravar el malestar general de la población.

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