OPINIÓN
José Tirso Corbacho, escritor y ciudadano de Bétera.
El actual contexto político en Bétera, con las elecciones a la vuelta de la esquina, es propicio para los pactos y prebendas, siempre de espaldas a la opinión pública, pero de cara a proyectar un nuevo equipo de gobierno cuya forma y composición se decidirá con los votos de los habitantes del municipio. Ningún partido debiera pronunciarse ahora abiertamente y en público sobre los posibles pactos que piensan hacer con otros partidos, no vaya a ser que eso les quite la intención de voto que se han granjeado haciendo gala de una exquisita capacidad de resolución de los problemas que más afectan a los beterenses.
Cuando un ciudadano normal asiste a los plenos municipales o de Las Cortes Valencianas es bastante común que no se entere de muchas cosas que se hablan habitualmente en estos órganos. La razón no es casual, sino que esto se debe a que el debate político se ha extrapolado, principalmente a los medios de comunicación. Esto sucede porque se pretende recortar el debate político por motivos económicos. Es muy difícil confrontar posturas, pensar y repensar en vivo y en directo en lo que uno está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo. En la razón de todo esto se esconde la disciplina de partido, que en la práctica expropia la autonomía que supone el mandato imperativo de los concejales.
De esta manera la mayoría de las discusiones políticas en los organismos en los que queda representada la soberanía popular están completamente vaciadas por las posturas que previamente se conforman en el seno de los partidos. Se nos muestra el enfoque de confrontación entre dos bloques, ya que es lo menos arriesgado y lo que polariza al votante de manera más instantánea. La discrepancia individual, y más dentro del mismo partido, se ha castigado tradicionalmente con más contundencia por parte del electorado que los casos de corrupción o el incumplimiento del programa electoral.
Gracioso resulta el caso de los diputados de la oposición de las Cortes Valencianas que se hacen las víctimas al afirmar que ellos se sienten estafados por el Partido Popular al conocerse que la Junta de Portavoces ha decidido devolver casi la totalidad de la paga extra de 2012, que simbólicamente se quitaron todos los diputados. Ahora parece que devolverán casi todos los diputados la mayor parte de esa paga extra, bajo la amenaza de no ir a las listas de sus respectivas formaciones políticas.
Esta orden la ha dado también el PP a sus diputados, incluso a los de la Mesa de Las Cortes, que cobraron alrededor de 5.000 euros de esa paga extra en sus nóminas del mes de febrero . Aunque se prevé que diputados como Rafael Blasco, expulsados del PP, no la acaben devolviendo. Lo más llamativo de todo esto es que estas decisiones internas de los partidos han adquirido forma jurídica e institucional mediante una nueva decisión, no vinculante, de la Junta de Portavoces. ¿Todo esto resulta un tanto extraño nó.
En el plano de esta batalla poli bueno y el poli malo entre gobierno y oposición, y entre oposición y gobierno, en el municipio o en las Cortes Valencianas, el electorado se posiciona entre una fracción u otra, pero entre tanto pasa el tiempo y no se ofrece una solución a unos problemas personales de los ciudadanos, los cuales son el indicio de otros problemas estructurales de los cuales tampoco se ofrecen soluciones, sino parches y reasfaltados que no hacen más que agravar el malestar general de la población.
Cuentaselo a tu tio comiendote la paella un domingo en Gatova.