El 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales.
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que se celebraría el segundo miércoles de octubre.
A partir de 2009, la celebración pasó al 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a partir de entonces, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres. El motivo de este cambio se debe a que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR): “Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza.”
Para el 2022, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, se centra en el siguiente lema: “Acción temprana y alerta temprana para todos”.
“Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030”.
Se quiere conseguir que en el plazo de cinco años, todas las personas del planeta estén protegidas frente a desastres por sistemas de alerta temprana. Lo dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres en marzo de 2022.
Los geógrafos urgen contra unos riesgos naturales cada vez “más palpables”
La Asociación Española de Geografía (AGE) ha advertido sobre la urgencia de adoptar medidas para afrontar la severidad creciente de los riesgos naturales en España, que cada vez son “más palpables” a consecuencia del cambio climático.
Con motivo del Día internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres este jueves 13 de octubre, la AGE ha elaborado un manifiesto que, facilitado a EFE, hace visible ante la población española la importancia de estar lo mejor preparados ante un nuevo escenario consecuencia directa del calentamiento global.
En el documento, los geógrafos ponen de relieve que el territorio español se sitúa en una de las zonas del mundo más sensibles por estar en la región mediterránea como se refleja en el último año con el volcán de La Palma, el pedrisco de Girona, las lluvias e inundaciones de Calpe (Alicante), Baleares, Cuenca o Marinaleda (Sevilla) o la llegada a Canarias de la tormenta ciclónica Hermine.
“Tanto la España peninsular como la insular, por su localización en la región mediterránea y franja subtropical, respectivamente, y por la importancia del modelo territorial urbano y costero, ven comprometidos seriamente su desarrollo futuro en caso de no tomar medidas urgentes de adaptación al riesgo”, alerta el manifiesto.
En la Conferencia Mundial de Sendai (Japón) se fijaron las metas para la reducción del riesgo entre 2015 y 2030 desde la premisa de que el ser humano y su actividad no es solo receptor del impacto sino que tiene un papel muy potente como inductor de la peligrosidad natural en su entorno más próximo.
De esta manera, los geógrafos señalan que “es necesario abandonar el enfoque del desastre como el resultado del ataque de un evento extremo de origen natural inevitable que actúa en un medio natural pasivo” y saber que hay un origen más complejo, además de ser conscientes de que estos acontecimientos no funcionan de forme independiente entre sí sino que “interactúan en el territorio, lo que produce dinámicas en cascada y en ocasiones efectos sinérgicos que los hacen más dañinos”.
“A la comunidad científica le corresponde adoptar los modelos de predicción del riesgo” a escenarios “realistas de crisis”, según el manifiesto, que aboga por el desarrollo de herramientas para la gobernanza de este riesgo.
En el caso de España, los principales obstáculos a la gobernanza eficaz del riesgo son la ausencia de un procedimiento administrativo que regule de forma integral la evaluación de la amenaza (algo equivalente a la evaluación de impacto ambiental), así como la dispersión de la normativa de regulación del riesgo, actuar a escala estatal, autonómica o local y los fallos en la vigilancia del cumplimiento de las restricciones de uso (por ejemplo en los casos de invasión de cauces).
Otra de las prioridades que marca el documento es cambiar el paradigma para que los suelos de riesgo dejen de ser considerados espacios limitados al desarrollo y zonas a evitar, y desde ahora se erijan en superficies de oportunidades con nuevas técnicas de adaptación sostenibles, como infraestructuras ‘green-blue-grey’ basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible o en materiales y técnicas que resistan. Para ello, creen que la inversión pública debe subvencionar esta adaptación.
Abogan por una sociedad resiliente concienciada sobre el nivel de riesgo a la que está sometida y consciente de que frente a los nuevos escenarios de desastre no se puede creer en el éxito de reprimir la probabilidad sino aprender a convivir con la realidad y “extraer lecciones de cada experiencia negativa para acompasar el modelo de vida y de organización del territorio”.