(EFE) La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), detuvieron ayer a siete personas, tres de ellas en la ciudad de València y el resto en Sagunto y Bétera, Torrefarrera (Lleida) y Archena (Murcia), por supuestas irregularidades en la gestión del agua en Sagunto. Esta detención se llevó a cabo por presunta malversación de una cantidad que podría ascender a 24 millones de euros derivados de la constitución de la sociedad mixta Aigües de Sagunt S.A.

Según la policia, se les atribuye una presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos, en el marco de la operación Flotador.

La investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el consistorio valenciano para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el Ayuntamiento,para la gestión del ciclo integral del agua en Sagunto.

Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA, cuyos socios participativos son el Ayuntamiento (51 por ciento) y la entonces entidad Aguas de Valencia SA (49%), que resultó adjudicataria de la licitación.

Según la Policía,la cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros, cantidad que se corresponde con la valoración económica de la concesión del agua,obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunto y que, en definitiva, “debería ser el importe recibido en las arcas municipales”.

Finalmente, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto ha acordado hoy la libertad provisional de los siete detenidos, entre ellos un concejal, en el marco de una pieza separada de la Operación Flotador sobre posibles irregularidades en el concurso para la gestión municipal del agua.

Así lo ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tras la operación llevada a cabo durante el día de ayer en varias provincias.

La jueza no ha adoptado medidas cautelares contra los arrestados, que están investigados en una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, al no apreciar riesgo de fuga, ya que tienen domicilio conocido y cuentan con arraigo familiar.

Entre los detenidos por la UDEF figuran, entre otros, un concejal, una exconcejala y el que fuera interventor de la corporación.
La investigación cifra provisionalmente en 24 millones de euros el posible perjuicio generado a las arcas públicas municipales tras la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt SA, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad.

Según las mismas fuentes, en ella el Ayuntamiento tiene el 51 por ciento del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia SA resultó adjudicataria del 49 por ciento restante.

Estas diligencias constituyen una pieza separada de la llamada Operación Flotador, que se inició en agosto de 2015 por delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

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