La ex alcaldesa de la localidad de Benissanó, Isabel Castellano, fue absuelta hace unos días de los delitos de prevaricación administrativa, falseamiento de documento oficial y malversación de fondos públicos.

Según las fuentes, el fiscal pedía al edil del PP más de seis años de prisión para defraudar más de 140.000 euros a su propio ayuntamiento durante los años 2007 y 2011 mediante facturas falsas. Esta trama, aparentemente, se extendió a otros consistorios y estaba encabezada por un funcionario a quien también se ha juzgado, Rafael Parra.

Según la acusación, la ex alcaldesa, con la cooperación de los otros inculpados, adjudicaba trabajos y encargos «de manera verbal, sin ningún precio, ni ninguna constancia del que se estaba contratando» a una sociedad, Asesores Económicos Públicos, controlada por Parra, interventor y funcionario en Chiva (Valencia).

El supuesto funcionamiento de la trama consistía, según la fiscalía, a abonar facturas a Asesores Económicos Públicos S.L (quien no tenía contrato con el mismo Ayuntamiento) “por conceptos genéricos y sin fijar un precio cierto” y “al margen de las contrataciones previstas en la legislación”.

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