(EFE) La secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado este miércoles en los pasillos de la Cámara, que el PP de la Comunitat Valenciana  pondrá en conocimiento del juzgado que la Inspección General de Servicios “no ha hecho nada” para fiscalizar las subvenciones del Gobierno valenciano a empresas vinculadas a familiares del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Estas declaraciones se han llevado a cabo después de haber preguntado en el pleno a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por las acciones de la Inspección General de Servicios sobre este asunto.

Ortiz ha acusado a la consellera de “mentir en sede parlamentaria por asegurar que existía un informe sobre la concesión de estas ayudas”. Según la diputada del PP, “la Inspección no ha sacado ningún tipo de informe sobre las subvenciones obtenidas por los hermanos del president”.

En este sentido, ha señalado que el único organismo que no investiga a los hermanos de Ximo Puig “es justamente el primero que debía haberlo hecho”, ya que en el artículo 30 de la Ley reguladora de la inspección se señala que la actuación inspectora se iniciará “a raíz de cualquier dato obtenido por el sistema de alertas”.

Ortiz ha señalado que el plan de actuación de inspección general de servicios está colgado en la web, pero no existen informes de los años 2016 a 2019 en los que se diga que las consellerias de Economía y de Educación tienen expedientes abiertos, y la última, incluso, ha pedido que se devuelva dinero.

En este sentido, se ha preguntado que si hay dos consellerias que tienen expedientes abiertos, y una ha pedido que se devuelva dinero, “¿por qué la Inspección General de Servicios no lo sabe, no le consta y no lo pone negro sobre blanco?”.

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