La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha elaborado un protocolo de actuación que permite la baja voluntaria de personas mayores en situación de dependencia y personas con diversidad funcional que deseen dejar los centros residenciales o viviendas tutelares. Una medida que se hará factible siempre que se garantice su bienestar.

El objetivo de esta iniciativa de la Conselleria de Igualdad, consensuado con la Conselleria de Sanidad, es facilitar el trabajo de los centros y dar tranquilidad a las familias, garantizando en todo momento la seguridad, la salud pública, el bienestar de la persona y la no vulneración de derechos.

El protocolo tiene en cuenta varias situaciones; que la solicitud afecte a una persona con plena capacidad de obrar o que no, y que se solicite en un centro libre de contagios de coronavirus o que no.

De esta manera, la solicitud de baja la puede realizar la persona residente si tiene plena capacidad de obrar y suficiente juicio para autodeterminarse, familiares o tutores legales, y el traslado podrá ser a la propia vivienda del residente, a la del familiar que lo solicita o a la residencia de otro miembro de la familia.

En todo caso, la persona de la familia que vaya a ser la cuidadora deberá comprometerse de manera fehaciente al cuidado de la persona mayor dependiente o con diversidad funcional y firmar una declaración responsable sobre la idoneidad de la vivienda a la que se le vaya a trasladar.

Asimismo, se establece que la dirección del centro proporcionará a la persona residente elementos de protección para su salida del centro, asegurándose que la persona familiar que haya firmado el compromiso de cuidados recibe y se hace cargo de la persona mayor dependiente o con diversidad funcional.

La dirección del centro se encargará también de proporcionar un certificado para que se pueda justificar durante el estado de alarma el traslado de la persona residente del centro a su vivienda propia o vivienda de la persona familiar cuidadora.

Prestaciones reconocidas

Respecto a las prestaciones reconocidas, la persona residente que tenga un grado de dependencia y/o derecho a la prestación profesional residencial podrá elegir la suspensión temporal de la prestación del servicio residencial, en cuyo caso mantendrá el derecho a ocupar y retornar a esa misma plaza residencial una vez finalizado el estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19, debiendo cumplir con las obligaciones administrativas y de abono de tasas correspondientes.

Si la persona tiene reconocida una prestación vinculada al servicio o una prestación vinculada al servicio de garantía se le seguirá abonando siempre y cuando satisfaga efectivamente el pago al centro.

Si, por el contrario, elige la baja de la prestación del servicio residencial se entenderá que existe una renuncia a la prestación determinada en el PIA o resolución reconocida en su día. En este caso y una vez finalizado el estado de alarma, podrá volver a solicitar el recurso para la atención a personas en situación de dependencia que considere, sin que el grado de dependencia reconocido previamente se vea afectado por esta decisión.

Este protocolo se aplicará en las residencias o viviendas tuteladas que no tengan personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19 o tengan síntomas compatibles con el coronavirus entre sus residentes o profesionales. En el caso de centros que sí tengan personas contagiadas o con síntomas compatibles se aplicará el mismo protocolo salvo que deberán recabarse las autorizaciones establecidas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Plazas para centros de día para la infancia y adolescencia más vulnerable

Por otra parte, el mismo departamento ha resuelto la acción concertada de 730 plazas en centros de día para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo gestionados por entidades de iniciativa social.

Tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG), la Conselleria destinará durante el presente ejercicio la cantidad de 5,7 millones de euros para el mantenimiento de estas plazas.

Cabe recordar que el concierto social impulsado por Igualdad y aplicado ya en el sector de personas mayores y personas con diversidad funcional, sustituye las fórmulas de subvención y contratos que se utilizaban hasta ahora, atendiendo a una reivindicación histórica del sector de la infancia y la adolescencia y que permite dar una mayor estabilidad tanto en la prestación del servicio como en la relación entre Administración y entidades.

Los centros de día para personas menores de edad se encargarán de desarrollar actuaciones dirigidas a la atención integral, holística y comunitaria de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Entre sus funciones, destaca la intervención en el núcleo familiar y relacional de la persona atendida, con el fin de preservar a las personas en su entorno social, favoreciendo las relaciones y funcionamiento de la unidad de convivencia.

Asimismo, se desarrollarán programas y actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión social y el desarrollo personal teniendo en cuenta como eje relevante la autonomía personal.

Otro de los objetivos de este concierto es el desarrollo de tareas de prevención para evitar situaciones de riesgo y el desamparo de las personas atendidas, junto con la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, la participación y el ejercicio activo de sus derechos de ciudadanía, de forma que se logre el desarrollo integral y comunitario de la infancia y la adolescencia.

Los centros concertados también trabajarán por la protección, atendiendo a las personas menores de edad que necesiten una atención especializada en medio abierto por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, riesgo o desprotección en los términos establecidos en la legislación vigente.

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