Labora ha recibido hasta las 13:00 horas de este miércoles alrededor de 102.000 solicitudes para las ayudas de personas trabajadoras autónomas afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El trámite para poder solicitar la subvención se ha abierto a las 9.00 horas de este miércoles en la página web (consultar aquí) sin que, de momento, se hayan presentado incidencias pese a la gran cantidad de solicitudes presentadas.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha puesto en marcha un procedimiento para evitar el colapso de su página web, teniendo en cuenta el gran tráfico que se iba a producir. De esta manera, las personas que demanden la ayuda se les asignará una fecha y franja horaria para poder presentar toda la documentación. El procedimiento puede verse en esta infografía: consultar aquí

En este sentido, un equipo de personas de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Labora han estado trabajando desde hace días para ofrecer garantías de seguridad y accesibilidad a las personas soliciten las subvenciones.

Las ayudas ascenderán a 1.500 euros en el caso de negocios que hayan tenido que cerrar y de 750 euros para los que, no habiendo sido obligados a cerrar, hayan sufrido disminución ingresos, en las condiciones que establece el real decreto de declaración del estado, y se concederán de manera directa.

Uno de cada tres ayuntamientos de la Comunitat Valenciana solicita la asistencia del Consell al amparo del Plan de Apoyo y Coordinación Municipal

Más de un tercio de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han solicitado algún tipo de asistencia de las incluidas en el catálogo de ayudas del Plan de Apoyo y Coordinación Municipal, diseñado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y que está siendo ejecutado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Desde la aprobación del plan, que puso en marcha un centro específico de llamadas para atender las solicitudes hace doce días, se han recibido 317 peticiones de 201 municipios, es decir, de más de un tercio de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana. Durante este periodo se han atendido 568 llamadas en el ‘call center’ de la Agencia, es decir, 47 llamadas al día.

En la provincia de Valencia han solicitado asistencia 113 alcaldes y alcaldesas (el 51 % del total), mientras que han sido 51 los municipios alicantinos (el 25 %) y 37 los castellonenses (el 18 %) los que han requerido algún tipo de ayuda. El 85 % de los ayuntamientos solicitantes son de tamaño pequeño o mediano.

En este sentido, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido este miércoles con representantes de las mancomunidades del Bajo Segura, Mariola, La Marina Alta, el Baix Maestrat, Castelló Nord, Alto Palancia, Camp del Túria, La Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Safor, La Ribera Baixa, la Serranía y la del Interior Tierra del Vino para coordinar las tareas de ayuda en reparto de material sanitario, víveres y desinfección de viales e instalaciones municipales.

Para la consellera, “este tipo de asistencia es fundamental para los municipios más pequeños situados en nuestras comarcas del interior donde la población de mayor edad es mayoritaria y, además, pertenece a un grupo especialmente vulnerable a COVID-19 y al que se debe proteger con especial cuidado”.

Desde la puesta en marcha del Plan de Apoyo, ya se han ejecutado 78 acciones de transporte de material sanitario para entregar 30.800 mascarillas y 44.500 guantes en 138 municipios.

Además, se han realizado portes de víveres y otros productos esenciales a 18 localidades con una población total de 131.651 habitantes. Por último, ya se han llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección en 28 de los 54 municipios que solicitaron esta asistencia y esta semana se concluirá el resto.

Igualdad abona las ayudas de renta de inclusión y dependencia a 135.215 familias en el mes de marzo

Por otra parte, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abonado ya las ayudas a la dependencia y a la renta valenciana de inclusión, que llegan a 135.215 familias que, este mes, han cobrado las distintas prestaciones, cuya tramitación se ha garantizado desde que se iniciara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19.

Los pagos, que se hicieron efectivos dentro de los cinco primeros días hábiles de mes, tal y como establece el compromiso adquirido por la Conselleria, benefician a 42.213 familias en el caso de la renta valenciana de inclusión y a 93.002 personas en situación de dependencia, que son atendidas a través de un servicio o una prestación económica.

Cabe recordar que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas garantizó, en el momento en que se decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria del COVID-19, la continuidad y correcta prestación de los servicios públicos desarrollados por la Conselleria, especialmente en las tramitaciones de los expedientes de las ayudas de la dependencia y autonomía personal y de la renta valenciana de inclusión.

Así, en una resolución de la Subsecretaría de la Conselleria se establecieron las labores que tenían que ser presenciales y que afectaban al personal que realiza funciones relacionadas con el pago de la prestación de dependencia, de la renta valenciana de inclusión y otras prestaciones sociales.

En estos momentos, en la Comunitat Valenciana hay 93.002 personas en el sistema de atención a la dependencia, de las que 66.713 reciben una prestación económica vinculada al servicio residencial, servicio de día o por cuidador o cuidadora no profesional. La nómina abonada por estas prestaciones, correspondiente al mes de marzo, asciende a 27.886.447 euros.

Cabe destacar que durante el mes de marzo se registraron 3.907 nuevas solicitudes y se resolvieron 2.412 nuevos expedientes.

La renta valenciana de inclusión social beneficia en estos momentos, a través de sus distintas tipologías, a un total de 42.213 personas, que han recibido este mes un total de 14.042.128 euros en las distintas modalidades de renta.

Del total, 36.946 destinatarios y destinatarias reciben la modalidad de renta valenciana de inclusión social (RGIS) por un importe de 12.718.928,74 euros; 3.320 son beneficiarios de la renta valenciana por ingresos mínimos (RGIM), por un total de 865.883,73 euros y, por último 1.947 personas la perciben por complemento de ingresos por prestaciones (RCIP), por la cantidad de 457.316,22 euros.

Para agilizar el pago y evitar posibles problemas derivados del estado de alarma por la COVID-19, se optó por adelantar la contabilización de las cantidades a satisfacer a mediados de mes, garantizando así que los pagos se hayan podido hacer dentro de los plazos establecidos.

Hay que recordar que la renta valenciana de inclusión entró en vigor en 2018 con el objetivo de ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precariedad. Se concibe como un derecho subjetivo que se concreta a través de una prestación económica o un proceso de inclusión social dirigida a cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social.

Una de las medidas adoptadas por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para agilizar los procedimientos de ambas prestaciones durante la emergencia sanitaria ha sido realizar por urgencia las tramitaciones de las solicitudes de dependencia en aquellos casos de especial vulnerabilidad, lo que permitirá que las ayudas se gestionen sin necesidad de remitir, previamente, toda la documentación necesaria, que se realizará una vez finalizado el estado de alarma por COVID-19.

En estos casos, serán los equipos de atención primaria de los servicios sociales los encargados de detectar esa urgencia y comunicar a la Conselleria aquellas solicitudes de dependencia que deban tramitarse, al igual que lo harán con las peticiones de la renta valenciana de inclusión, que se tramitarán con carácter urgente por la situación de especial vulnerabilidad a raíz de la pandemia.

La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica aplaza el pago del canon de saneamiento durante los meses de abril, mayo y junio

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aigües Residuales (EPSAR), ha aplazado el canon de saneamiento de los meses de abril, mayo y junio para los más de 5 millones de usuarios del servicio de depuración de aguas residuales en la Comunidad Valenciana.

Así, el importe de todos los recibos (1,5 millones de facturas) correspondientes al periodo comprendido entre abril y junio se abonará de forma fraccionada durante los 18 meses siguientes, sin que este pago aplazado implico ningún tipo de interés o carga adicional sobre el contribuyente.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha explicado que la medida se extiende a todos los usuarios (domésticos, industriales y asimilables) con el objetivo de reducir el impacto económico y social ante la emergencia sanitaria y de contribuir a la reactivación económica una vez se disipe la crisis de la COVID-19.

El EPSAR ha llevado a cabo los estudios económicos de la propuesta para mantener la viabilidad de la iniciativa con un fraccionamiento, el más ancho posible, para favorecer al máximo el pago progresivo.

La medida adoptada por la Consellería, que se aplicará de manera automática en la factura sin necesidad de realizar ningún trámite o solicitud, implica aplazar el pago de unos 54 millones de euros en concepto de financiación del ciclo integral del agua.

“Es momento de apoyar a los hogares, las familias, los autónomos, las industrias y empresas, al sector primario, con todas aquellas medidas que llevan aparejadas una reducción del gasto”, ha indicado Mollà.

La moratoria en el abono del canon no solo corresponde al coste en función del consumo de agua sino que también se prorrateará la cuota anual por el servicio; una tarifa que oscila entre los 32,43 y los 4.071,50 euros en el año, de forma que corresponde al conjunto del tributo.

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