El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido este miércoles ante la Diputación Permanente de Les Corts para informar sobre el impacto sanitario, económico y social de la pandemia de COVID-19, las medidas adoptadas por el Consell para hacer frente a sus efectos adversos y las actuaciones que se llevarán a cabo tras la emergencia.
El president ha iniciado su intervención recordando a los más de mil valencianos y valencianas y a los más de 20.000 españoles y españolas que han fallecido a causa de la pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria que ha definido como “la mayor catástrofe de salud pública” vivida por las actuales generaciones, pero se ha mostrado convencido de que la sociedad “resistirá, resurgirá y seguirá progresando”.
Puig ha reivindicado la necesidad de un “gran acuerdo valenciano” que una a los partidos políticos y a toda la sociedad en torno al “propósito común” y el “destino compartido” de “recuperar el bienestar del pueblo valenciano en una situación de emergencia histórica” como la propiciada por la pandemia de COVID-19, todo ello para llevar a cabo la “reconstrucción” de la Comunitat.
El president ha invitado a las fuerzas políticas y sociales a lograr un acuerdo que permita conducir a un triple objetivo: propiciar la creación de trabajo y prosperidad, consolidar a las clases medias y trabajadoras sin que nadie se quede atrás y fortalecer el estado del bienestar. La sociedad valenciana espera de sus gobernantes “seguridad sanitaria, trabajo y protección social”, ha resumido.
341 millones de euros para combatir la pandemia
El president ha subrayado que las acciones puestas en marcha por el Consell para combatir la pandemia comportan una dotación global de 341 millones de euros ya gastados o comprometidos por la Generalitat, que se distribuyen del siguiente modo: 145 millones en medidas sanitarias. (De ellos, 52,5 millones corresponden a la compra de material sanitario), 123 millones para el impulso de la economía, 41 millones para medidas de inclusión, investigación y cooperación, 27 millones en acciones educativas, culturales y de nuevas tecnologías y 5 millones en medidas de limpieza, desinfección e información.
“Esta es la primera parte de la factura a la que tenemos que hacer frente”, y será necesario contar con nuevas aportaciones, pero la Generalitat “será garante de los derechos de los valencianos y las valencianas”, ha garantizado.
En el ámbito sanitario, Puig ha citado entre otras medidas, el incremento de las plantillas en hospitales y centros de atención sociosanitaria en 3.362 profesionales más desde el inicio de la pandemia, la contratación de personal jubilado y de personas graduadas sin especialidad o la puesta en marcha de un canal fiable de consecución de material sanitario procedente de China a través de la Operación Ruta de la Seda, que suma ya 14 vuelos contratados por la Generalitat cargados con 456 toneladas de productos sanitarios.
El president, que ha recordado que la Comunitat Valenciana consiguió establecer esta ruta cuando prácticamente ninguna Administración tenía acceso a material suplementario, lo que ha permitido obtener 17,7 millones de mascarillas, 7,2 millones de guantes, 1,1 millones de equipos de protección EPI, 597.000 gafas de protección ocular, 50.000 batas y 20.000 termómetros. Tal y como ha detallado, se han encargado 48 millones de unidades de material sanitario, de los que se han recibido 30 millones, y los 18 millones restantes de productos sanitarios irán llegando en las próximas fechas. En concreto, el decimoquinto vuelo llegará este miércoles a Barajas y el jueves al centro logístico de Valencia.
Medidas económicas y sociales llevada a cabo
Puig también ha desgranado las medidas para reactivar los sectores productivos, con, entre otras actuaciones, tres acuerdos de gran impacto social, adoptados después de las seis reuniones mantenidas con la patronal y los sindicatos.
Se ha referido en este sentido a acciones como las ayudas directas de 150 euros para las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, con un presupuesto de 30 millones de euros; tres millones más en ayudas de hasta los 600 euros para personas que se han visto obligadas a reducir su jornada laboral por atención de menores, mayores o dependientes y ayudas directas e inmediatas de 750 euros y 1.500 euros para personas trabajadoras por cuenta propia afectadas por la pandemia, con una línea total de 57,5 millones de euros.
También ha subrayado que la obtención, ya, de transferencias por parte del Estado de 1.303 millones de euros en liquidez avanzada, repercutirá en ingresos para numerosas empresas a corto plazo. De hecho, ha anunciado que la Generalitat ha abonado entre el 1 de marzo y el 20 de abril 1.295 millones en subvenciones y 85.293 facturas pendientes, y que solo en marzo se pagó a pymes y proveedores casi el doble que el marzo del año pasado: 586 millones frente a los 331 de hace un año.
También se ha referido a las medidas sociales desplegadas, entre otros ámbitos, en el educativo, donde se ha habilitado el Modelo Unificado Lectivo de Actividades No Presenciales para enseñar a distancia en todas las modalidades, cursos y ciclos de la educación valenciana; el ‘vale beca comedor’ para 59.000 estudiantes o la distribución en préstamo de 14.000 tabletas táctiles con conexión 4G para que el alumnado que no tenga dispositivos pueda seguir el curso en línea.
Igualmente, se ha referido a otras medidas como la exoneración del pago del alquiler durante tres meses a todas las familias que habitan las 14.000 viviendas del parque público de la Generalitat o los 11,5 millones para subvenciones directas a 231 entidades locales que prestan servicios sociales de atención primaria en dos frentes: prestaciones básicas y alimentación infantil.
Sistema dinámico para superar el confinamiento
El responsable del Ejecutivo valenciano ha defendido también la necesidad de superar el confinamiento con un sistema dinámico de cierre y apertura para impedir daños irreversibles sobre la estructura social y económica de la Comunitat, con una desescalada que atienda a criterios geográficos, de edad y por actividad económica y adopte una ejecución descentralizada.
Por ello, se ha mostrado partidario de, a partir del 9 de mayo, “volver, progresivamente, a la nueva normalidad, con la mayor apertura posible, y sin correr riesgos para la salud”, porque “el confinamiento total también tiene un elevado coste”.
“Ahora hay que acumular talento y sumar voces experimentadas, y, por eso, una comisión abierta de 13 expertos en áreas cruciales de esta pandemia ya está aportando ideas para la vía valenciana a la transición. Profesionales de la epidemiología, la microbiología, el ‘big data’, la psiquiatría, la química o la geografía ya están diseñando la salida que tenemos que tomar para nuestra seguridad sanitaria”, ha recordado.
Puig ha reivindicado en este contexto el “derecho de la Comunitat Valenciana a adaptar el desconfinamiento a su realidad particular”, es decir, a una gestión por comunidades autónomas, y, dentro de la valenciana, por territorios locales, partiendo de cuatro principios: la protección de la población con más riesgo, el máximo dinamismo, la velocidad en la detección de posibles nuevos focos, potenciando al máximo la atención primaria, y la facilidad en la comunicación y ejecución del cierre o la apertura.
El president ha asegurado también que es necesario, garantizar, de manera urgente, asistencia económica y financiera a empresas y pers
onas trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena para ayudarles a recuperarse del ‘shock’ y, al mismo, tiempo, desarrollar una programación de actuaciones a largo plazo que asegure la reconstrucción. “Necesitamos insuflar respiración asistida a corto plazo a los más vulnerables de nuestra economía y de la sociedad para poder realizar una auténtica reconstrucción”, ha remarcado.
Disculpas a los ciudadanos
Ximo Puig ha considerado necesario realizar un “acto de humildad” y se ha disculpado, como president de la Generalitat, “por no haber llegado a tiempo”, para facilitar la protección que merecían los y las profesionales que han luchado contra el coronavirus sin las suficientes garantías ante un “tsunami” que “ha sobrepasado a todos”. “
“Reitero mis disculpas, ahora, aquí, y las veces que haga falta”, ha subrayado el jefe del Consell, que ha añadido: “esa lección del personal sanitario y sociosanitario es la que tiene que marcarnos el camino de la reconstrucción a todos” para actuar “sin miedo, con esperanza en el futuro y confianza en nuestras capacidades”.
El responsable del Consell ha subrayado que, en la actual coyuntura extraordinaria, “el secreto está en escuchar, escuchar a todos, porque nadie podrá salir de esto a solas. Nadie lo sabe todo. Nadie lo puede todo”, sino que “cada voz puede ayudar en la causa común que nos hermana: salir de esta desgracia colectiva”.
Puig también ha mostrado un profundo agradecimiento a la ciudadanía, “que ha asumido con determinación su responsabilidad”, d
esde “aquellas personas más expuestas, como es el personal sanitario y el de las residencias de mayores”, hasta “todos aquellos trabajadores, trabajadoras y empresas que están en la primera línea manteniendo los servicios públicos esenciales”.
Comparecencia de la Vicepresidenta del Consell
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comparecido a petición propia en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes, donde ha mostrado su agradecimiento a “cada una de las personas que trabaja en el sistema público de servicios sociales por su generosidad”, así como el “encomiable esfuerzo” de toda la sociedad. Especialmente, ha dicho, “merecen un reconocimiento los niños, niñas y adolescentes” por la “lección de vida y madurez difícil de olvidar”.
En este punto, ha hecho “mención especial” a las personas afectadas por el coronavirus y ha recordado a los 1.112 valencianos y valencianas que han fallecido, 386 son personas mayores en las residencias, porque “nada puede paliar la pérdida de una persona querida”.
Así, Oltra ha defendido que la gestión realizada desde su departamento con motivo de la pandemia por COVID-19 se ha centrado en “prevenir y proteger a las personas afectadas por el virus, contener el avance del mismo y dar una respuesta ágil y eficaz a las nuevas situaciones de vulnerabilidad generadas por esta situación”.
Durante su comparecencia, ha hecho un repaso cronológico de las actuaciones, desde el 26 de febrero con la primera reunión en el Palau de la Generalitat para poner en común la situación, pasando por las primeras recomendaciones de prevención del Ministerio de Sanidad remitidas al IVASS y organizaciones representativas de empresas y entidades del sector social el 6 de marzo, ampliadas el 12 de marzo con la restricción total de visitas a centros.
La vicepresidenta ha detallado el trabajo realizado por su Conselleria tanto en los centros residenciales como en los servicios sociales, que han sido decretados como esenciales, y que están trabajando para “evitar que la emergencia sanitaria se convierta también en una emergencia social”.
Con este objetivo, ha explicado, se va a continuar “priorizando y reforzando” las políticas sociales, con medidas como la ampliación del crédito de la renta valenciana de inclusión social con 18,7 millones de euros, y trabajando para próximas modificaciones presupuestarias en la misma línea.
En este marco, también ha anunciado que se incrementarán los créditos destinados a infraestructuras sociales, como centros de acogida temporal, el equipamiento de centros y viviendas tuteladas, en 2 millones de euros, porque el objetivo es salir de esta crisis “sin dejar a nadie atrás”.
Por otra parte, en un repaso por las diferentes acciones puestas en marcha por Igualdad desde antes de la declaración del estado de alarma, ha recordado que todas se han adoptado de manera coordinada y consensuada con la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal, con la que se ha mantenido un contacto “diario” que ha guiado las distintas decisiones que se han adoptado en los centros residenciales.
Así, ha recordado que si bien ya se limitaron las visitas la primera semana de marzo, el 10 de marzo se elaboró un protocolo complementario con Sanidad en el que se restringieron aún más, reduciéndolas a las estrictamente necesarias y limitándolas a una única persona, y en el que también se establecía la obligatoriedad de los trabajadores y trabajadoras de consultar con los servicios sanitarios de prevención por si presentaban sintomatología respiratoria, para poder valorar su continuidad en el puesto de trabajo.
Centros residenciales
La vicepresidenta ha recordado que el trabajo conjunto con Sanidad llevó a adoptar la decisión de que los centros residenciales de personas mayores dependientes que se encuentran afectadas por la COVID-19 quedan bajo las órdenes conjuntas de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Oltra ha resaltado que las líneas de trabajo en este ámbito han sido el reparto de materiales de protección, la recopilación y flujo de información con Sanidad y la atención a las personas residentes y sus familias.
En este sentido, ha concretado que, en el mes de marzo, se repartieron aproximadamente 356.000 mascarillas, 14.000 litros de hidrogel y 67.000 guantes, y ha explicado que “gracias a la colaboración con la Conselleria de Economía, el Ivace y la Red de Institutos Tecnológicos y al gran esfuerzo de empresas valencianas”, desde el 1 de abril se han repartido por parte de Igualdad 407.646 equipos de protección (260.735 mascarillas; 22.015 botellas de hidrogel; 95.300 guantes; 29.306 protectores faciales; más 120 termómetros; 20 equipos de protección y 50 tapabotas.
Esta distribución, ha garantizado, “ha llegado a toda clase de centros” y ha desglosado los números totales por provincia. En la provincia de Castellón se han distribuido 47.550 unidades, en la de Valencia 199.750 y en la de Alicante, 160.156.
Entre las medidas adoptadas en el ámbito residencial, ha recordado también medidas como la elaboración de un protocolo de baja voluntaria de personas mayores en situación de dependencia y personas con diversidad funcional que deseen dejar sus centros residenciales o viviendas tuteladas, siempre que se garantice su bienestar.
El personal del ámbito residencial han sido igualmente objeto de instrucciones concretas, prohibiendo, en este último caso, las salidas y entradas de personal ajeno al centro así como las salidas de las personas residentes, excepto aquellas que por una vulnerabilidad específica, o por cualquier padecimiento requieran salir del confinamiento.
Refuerzo de los servicios sociales
Oltra ha señalado que, con el objetivo de atender las situaciones de vulnerabilidad derivados de la pandemia, se han acordado “medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales, con el objetivo de poner a disposición de la Generalitat los medios y recursos sociales y sociosanitarios, sea cual sea la naturaleza y el régimen jurídico de los mismos”.
La finalidad, ha incidido, es “dotar de la musculatura necesaria y de la capacidad de acción y reacción en materia de protección social que requiere una situación como la actual”, y ha añadido que bajo ese mismo principio se ha dictado instrucciones concretas dirigidas a diferentes ámbitos, como los servicios sociales municipales para atender a las personas sin hogar y se han abierto espacios específicos para su atención.
La vicepresidenta también ha apuntado a una resolución dictada para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo del estado de alarma y en la que se establece el mantenimiento de los servicios y prestaciones esenciales, priorizando la tramitación de los expedientes de dependencia y renta valenciana de inclusión que lo requieran por especial vulnerabilidad.
Ambas ayudas podrán tramitarse a pesar de que no se cuente con toda la documentación necesaria, que se remitirá una vez acaba el estado de alarma, ha señalado Oltra, quien también ha destacado la aprobación de un decreto para la concesión directa de subvenciones a entidades locales titulares de los servicios sociales de atención primaria para hacer frente al impacto de la COVID-19.
Este decreto cuenta con una dotación global de 11,5 millones de euros destinados a reforzar las políticas sociales y de atención a familias, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, que se articularán a través de prestaciones básicas como ayudas para el servicio de proximidad domiciliaria y actuaciones para garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas.
En este último caso, las familias podrán llegar a recibir 120 euros al mes por cada una de las personas menores de edad a su cargo, de los cuales se descontará, en el caso de que exista, el importe que reciban por parte de la Conselleria de Educación.
La vicepresidenta ha señalado que también se ha trabajado para atender a las personas mayores que siguen viviendo en su domicilio, y en este sentido ha indicado que se ha ampliado el servicio de “Menjar a casa” con una inversión de 160.572 euros asumidos íntegramente por la Conselleria de Igualdad. Este servicio atiende a 3.125 personas, que gracias a la ampliación tendrán servicio los fines de semana y festivos.
En este ámbito de acciones para apoyar a los más vulnerables, la vicepresidenta ha recordado que se han prorrogado los títulos y carnets de familias numerosas y monoparentales por un año; lo que beneficiará a 19.323 familias. Esta ampliación también se ha aplicado a los certificados de reconocimiento de grado de discapacidad, lo que ayudará a 4.834 personas.
La vicepresidenta también ha señalado que en el ámbito de la infancia se ha elaborado un protocolo para la atención inmediata de niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección derivada de la pandemia, en el que se establece mecanismos para adoptar “rápidamente medidas de protección y establecer pautas de atención psicológicas” en aquellos casos en que sea necesario.
Criar, cuidar y curar
“Las crisis son también una oportunidad para que afloren nuestras debilidades, nuestras amenazas y fortalezas. Si una lección hemos de sacar de esta situación y de la gestión perversa de la crisis de 2008, es que los servicios sociales son fundamentales para sostener las cuatro patas del estado del bienestar -junto con la educación, la sanidad y las pensiones-“.
Oltra ha puesto énfasis en que la crisis ha visibilizado la importancia de los servicios “sin los que la vida no puede seguir: criar, cuidar y curar”. Justamente, ha reflexionado, son actividades que no computan en las estadísticas económicas y que están mayoritariamente protagonizadas por mujeres.
La vicepresidenta ha finalizado su intervención advirtiendo de que será necesaria una “potente reconstrucción social, reorientando inversiones, repensando muchos dogmas y certezas que pensábamos que eran inmutables” porque “un microorganismo al límite de la vida nos ha puesto la vida al límite”.
Protección a las víctimas de violencia de género
Los servicios de atención ambulatoria, como las oficinas Orienta de atención al colectivo LGTBI o la red de Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, también cerraron pero manteniendo la atención telefónica y realizando una atención presencial en los casos más urgentes, cumpliendo siempre las normas de seguridad y de protección.
“Una de las preocupaciones máximas que estamos teniendo es la de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que difícilmente se puede concebir una situación peor que la de estar cerrada en casa con tu agresor”, ha manifestado la vicepresidenta.
La vicepresidenta también ha recordado otras medidas adoptadas como el cierre de los 34 centros especializados de atención a personas mayores, la suspensión de las actividades y viajes de ocio, culturales o similares, organizados por centros sociales de cualquier nivel; así como el cierre de los centros de atención diurna que atienden a colectivos como personas mayores, diversidad funcional o infancia.
La Conselleria ha garantizado el pago íntegro de todas las plazas concertadas y contratadas en estos centros de día, “garantizando así que los usuarios sigan recibiendo el apoyo que necesitan en sus domicilios” y que se mantengan los puestos de trabajo, ya que las empresas y entidades deben mantener los requisitos y ratios de personal establecidos por la Administración para percibir el pago, ha explicado.
La vicepresidenta ha concluido que ampliar la protección social, como se ha estado haciendo a lo largo de la legislatura pasada, es “imprescindible” y ha incidido en que “ampliar presupuestariamente en servicios sociales es necesario”.