El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado este viernes diferentes medidas para hacer frente a la cirsis sanitaria provocada por el Covid-19.

Una de las primeras medidas aprobadas ha sido una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias, en la que se compromete a poner a las familias “en el centro de sus políticas” y como “eje fundamental sobre el que pilotará el gran acuerdo social de reconstrucción” con el que afrontar la situación producida por la COVID-19.

El Consell manifesta “su absoluto compromiso con la defensa y el apoyo a las familias, en un momento, además, especialmente difícil al que se enfrenta todo el mundo, la pandemia de la COVID-19” y afirma contar con las familias para, todos juntos, “acabar con el virus y afrontar sus consecuencias”.

En este sentido, se compromete a dar el mayor apoyo a las familias vulnerables, a las que han perdido sus ingresos, a las que tienen descendencia de menor edad, a las que cuidan de personas mayores o con diversidad funcional, a las familias numerosas, a las familias monoparentales, en definitiva, a todas aquellas que más lo necesitan.

La declaración reconoce que la familia, especialmente en sociedades mediterráneas como la valenciana, es uno de los principales núcleos de apoyo de todas las personas, y reivindica la diversidad de la misma, en referencia tanto de las que vienen de nacimiento, de adopción o acogimiento, como las que vienen elegida por la vida.

A su vez, se compromete a mantener el reconocimiento de toda la diversidad existente, por lo que se han prorrogado los títulos de familias numerosas y monoparentales, así como los reconocimientos de discapacidad.

Compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación contra el colectivo LGTBI

Asimismo, el Pleno del Consell ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, del Día Internacional contra la LGTBIfobia, en la que manifiesta su compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans o con variaciones intersexuales.

Este año, además, el Consell, en el marco de la crisis social y económica consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, quiere remarcar su apuesta por el apoyo a los colectivos más vulnerables dentro de la población LGTBI, como son en estos momentos las mujeres transexuales, especialmente las que ejercen la prostitución, y las personas migrantes LGTBI.

Así, a través de las oficinas Orienta de la Generalitat, puestas en marcha en agosto de 2019, se está trabajando en la atención de un colectivo que ha visto incrementada su vulnerabilidad durante la crisis sanitaria, ya que ahora, en algunos casos, sufren la LGTBIfobia a través de la negación de su existencia, de la soledad, de la expulsión de entornos familiares, de sus países de origen, y de la discriminación que sufren en el acceso a recursos básicos.

En el marco de este día, se recuerda que hace solo dos semanas se tuvo conocimiento de un vídeo en el cual dos agentes de la Policía Local de Benidorm vejaban y humillaban a una mujer trans y migrante, en una actuación que ha indignado a una mayoría social.

Por eso, la Generalitat ha decidido personarse como acusación popular en este caso, para defender, como establece la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, tanto los intereses colectivos de las valencianas y los valencianos, como la dignidad de las personas transexuales.

El Consell también se suma en este día en la línea marcada por las entidades de toda España, que han querido dedicar 2020 a la visibilización de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans desde una perspectiva interseccional. Las mujeres siguen siendo las que sufren las mayores dificultades en ámbitos como el acceso al trabajo y en el reconocimiento social. Las mujeres lesbianas y bisexuales se enfrentan también a un doble armario, que tiene como consecuencia una mayor falta de referentes.

La declaración institucional señala que las mujeres trans continúan sufriendo la negación de su identidad por muchos sectores de la población y especialmente el vinculado con el acceso al mundo laboral.

Por ello, el Consell continuará trabajando para que la perspectiva de género impregne las políticas LGTBI que se están desarrollando fruto de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.

El Consell aprueba flexibilizar los criterios y ampliar los supuestos para que más personas puedan optar a las ayudas de reducción horaria

En otros términos, el Consell ha aprobado modificar el decreto de concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de jornada a consecuencia de la COVID-19 con la finalidad de llegar a un número mayor de personas.

Así, entre los requisitos para poder solicitar la ayuda, el Consell ha flexibilizado el criterio de permanencia en la situación de reducción horaria exigiendo, únicamente, mantenerla durante un mes y ha suprimido la obligación de no superar los 22.000 euros de base imponible en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2018.

De esta manera, los requisitos para optar a la ayuda son los siguientes:

a) Figurar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Haberse acogido a la reducción de jornada durante el periodo del estado de alarma en un porcentaje igual o superior al 50%, y mantener esta reducción durante al menos un mes.

c) Tener el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Economía Sostenible, a través de Labora, ha propuesto esta modificación tras tener conocimiento de la cuantía de personas potenciales beneficiarias de la subvención, así como al haber constatado la existencia de crédito necesario y suficiente para suprimir determinados requisitos que menguaban sensiblemente el total de personas posibles destinatarias finales

La cuantía de las ayudas será de 600 euros, si la reducción de jornada es de entre el 81 % y el 100 %; de 450 euros, si la reducción es de entre el 61 % y el 80 %; y de 300 euros, si la reducción es de entre el 50 % y el 60 % de la jornada. En total, Labora destina a ayudas tres millones de euros.

El plazo para solicitar las ayudas será de 15 días hábiles desde la publicación de este Decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Las solicitudes se podrán presentar a través de cualquier registro oficial y de manera telemática en la página web de Labora (consultar aquí) con certificado electrónico.

El Consell aprueba la contratación por procedimiento de emergencia de suministro de material sanitario para la COVID-19

En materia de Sanidad, el Consell ha aprobado la contratación por procedimiento de emergencia del suministro de material sanitario necesario para la protección de la ciudadanía y del personal sanitario frente a la COVID-19 en la Comunitat Valenciana. En concreto, la adquisición de 15.000.000 de mascarillas quirúrgicas.

Este procedimiento se justifica como consecuencia del avance exponencial de la COVID-19. La situación hace que a nivel mundial se incremente la demanda de material de protección para el abordaje del virus, circunstancia que ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este material.

Por ello, y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos, con carácter urgente se formalizó el presente contrato de adquisición de mascarillas.

Los coronavirus son virus con envuelta lipídica que se transmiten principalmente por vía respiratoria en gotas de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones respiratorias. Algunos procedimientos que generan aerosoles pueden incrementar el riego de transmisión del coronavirus.

A causa de ello, las precauciones para el manejo de los pacientes en investigación, probables o confirmadas por SARS-CoV-2, deben incluir las precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas y, si se van a producir aerosoles, precauciones de transmisión aérea.

Sobre la base de lo anterior, las previsiones de consumo actual y para los próximos meses, el normal abastecimiento de los centros hospitalarios y requieren un mayor aprovisionamiento para poder llevar a efecto el procedimiento contra los riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos del SARS-CoV-2 y para dotar de una reserva estratégica frente a posibles rebotes de la enfermedad en los próximos meses.

A su vez, se ha aprobado la contratación de emergencia para la adquisición de 20.000 pantallas faciales que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias formalizó con IBIAE (organización que agrupa a casi un millar de empresas de la comarca alicantina de la Foia de Castalla de especial relevancia en el sector del plástico y el juguete) el pasado 16 de abril.

El importe del contrato asciende a 24.200 euros, IVA incluido.

Estos elementos esenciales para la lucha contra la propagación de la COVID-19 han sido distribuidos entre los efectivos de los servicios esenciales activados por el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana, que fue puesto en marcha el pasado 13 de marzo por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

Contratos de emergencia para la desinfección de las sedes judiciales

El Pleno del Consell ha aprobado la adjudicación de cuatro contratos por el procedimiento de emergencia acordados por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para reforzar la limpieza y desinfección de los tribunales de Justicia de la Comunitat Valenciana por un importe conjunto de 200.000 euros.

Estos contratos se formalizaron por resolución de la Conselleria de Justicia para frenar la propagación de la COVID-19 en los inmuebles del parque judicial valenciano.

El pasado 14 de marzo se dictó una Resolución de la Conselleria de Justicia y Administración Pública por la que se establecían medidas excepcionales de limpieza e higiene que se debían adoptar en todos los centros de trabajo dependientes de la Generalitat.

A esta instrucción se le sumaron las peticiones del Consejo General del Poder Judicial en materia de seguridad sanitaria para evitar la propagación de la COVID-19. Dada la premura en la que había que actuar, se optó por la formalización de cuatro contratos para reforzar las acciones de limpieza en las sedes judiciales.

Contratación de emergencia del suministro de licencias software y servicios para garantizar el teletrabajo en la Generalitat

El Pleno del Consell también ha dado luz verde a la declaración de emergencia del contrato para el suministro de licencias software y servicios asociados, con el fin de garantizar el teletrabajo en la Generalitat y dotar al personal empleado público de herramientas informáticas colaborativas que le permitan desarrollarlo adecuadamente.

Esta contratación se enmarca en el plan Funcion@GVA, puesto en marcha por la Dirección General de Tecnologías de la Información, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en colaboración con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y que contempla medidas precisas que contribuirán a mantener el funcionamiento de la Generalitat.

El objetivo es minimizar los efectos adversos de la medidas adoptadas para luchar contra la pandemia de la COVID-19 en la adecuada gestión de las competencias que tiene asignadas.

De esta manera, la Generalitat quiere impulsar el teletrabajo efectivo entre su personal y, para conseguirlo de forma eficaz y eficiente, se hace necesario disponer de un conjunto de herramientas informáticas y de servicios asociados a ellas.

El contrato contempla el suministro de las licencias y servicios asociados especificados, durante un plazo de nueve meses, es decir desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, momento en el que se tiene previsto que comience un contrato regido por un procedimiento ordinario de contratación.

Tramitación urgente de la línea del Fondo de Cooperación Municipal para paliar los efectos de la COVID-19 en municipios turísticos

El Consell también ha aprobado declarar la urgencia en la tramitación del proyecto de decreto del Consell, por el que se regula la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos de la Comunitat Valenciana.

De este modo, se ha aprobado la urgencia en la tramitación del decreto mediante el que se pretende regular una línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 en el sector turístico de la Comunitat Valenciana, especialmente en los destinos locales.

Así, una vez esté aprobado el decreto, los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana podrán disponer de una dotación extraordinaria lo antes posible, que les permita desarrollar, en la medida y forma que consideren, acciones que conduzcan al apoyo de los agentes turísticos que, en general, operen en ese destino.

Cabe señalar que el cierre de los mercados emisores, tanto de la propia Comunitat Valenciana como nacional y los mercados internacionales y la previsible gradual apertura cuando finalice el estado de alarma, hace necesario que se realicen acciones urgentes de promoción y de incentivación de la demanda de las zonas más próximas a las más alejadas.

Además, ante la nueva situación, los municipios turísticos deberán implementar medidas de seguridad por la COVID-19 en lugares públicos de uso habitual por parte de los turistas que requerirán inversiones, que se podrán atender con la línea específica del Fondo de Copperación Municipal para municipios turísticos.

Cinco millones de euros en ayudas para vivienda para ayudar a colectivos vulnerables afectados por la COVID-19

Además, se ha aprobado un decreto que establece la concesión de ayudas, por valor de cinco millones de euros, a entidades locales para que faciliten una solución habitacional inmediata a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar y colectivos especialmente vulnerables afectados, directa o indirectamente, por la pandemia de la COVID-19 dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

El decreto indica que las entidades locales, a través de los servicios sociales de ayuntamientos y mancomunidades, serán las encargadas de gestionar las ayudas y asumirán la responsabilidad de dotar de un alojamiento o una solución habitacional a las personas incluidas en alguno de estos colectivos.

La cuantía total de la ayuda se desglosa en dos conceptos: a) hasta un 10% del importe total para poner a disposición de las personas incluidas en los colectivos vulnerables un alojamiento o solución habitacional inmediata; b) hasta un 90% del importe total para la concesión de ayudas directas para el pago del alquiler de la vivienda habitual, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias.

La cuantía de la ayuda podrá ser, por un lado, de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble. En casos debidamente justificados, podrá alcanzar hasta 900 euros mensuales. Por otro lado, podrá alcanzar los 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

Las ayudas se conceden por plazo de un año, prorrogable, en su caso, anualmente, hasta alcanzar el límite de cinco años, siempre que se mantengan las condiciones que determinaron su otorgamiento y exista consignación presupuestaria.

Además, se conceden en régimen de concesión directa, con la sola acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado de la vivienda habitual, de ser persona sin hogar o especialmente vulnerable.

Ratificado el proceso de desescalada en los centros de servicios sociales garantizando la protección del personal y de las personas usuarias

El Pleno del Consell ha ratificado la resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se regula el proceso de desescalada en los centros de servicios sociales de atención primaria, garantizando la protección adecuada de los equipos profesionales, así como de las personas usuarias, en la vuelta paulatina a la normalidad mientras se supera el estado de alarma por la COVID-19.

De esta manera, se determina que la incorporación del personal que no ha estado haciendo atención presencial hasta ahora comenzará a incorporarse de manera progresiva, de manera que las plantillas puedan estar completas, como máximo, el último día hábil de la fase I de la desescalada.

La resolución establece que, en un primer momento, se incorporen, al menos, un profesional en todos los ámbitos de atención, tanto primaria como específica.

Los primeros equipos que deberán completarse son aquellos que gestionan la tramitación de la renta valenciana de inclusión, las prestaciones económicas individualizadas y las prestaciones económicas individualizadas de infancia.

Seguidamente, se realizará la incorporación hasta completar el equipo de las personas profesionales encargadas de la tramitación, valoración y seguimiento de las personas en situación de dependencia y, por último, el resto de personas del equipo en función de las necesidades detectadas en la población de derecho, quedando esto último a criterio de la dirección del equipo de servicios sociales

Los municipios que dispongan de más de un centro y equipo de atención primaria de servicios sociales seguirán estas directrices en cada uno de ellos, quedando exceptuadas de incorporarse presencialmente aquellas personas con pluripatologías para las que el contagio por Sars-CoV-2 pueda suponer grave riesgo y de las mujeres embarazadas, adaptándose el puesto de trabajo a uno que no requiera atención al público o que pueda desempeñarse a distancia.

Asimismo y como medida de protección los centros funcionarán con cita previa para evitar aglomeraciones, salvo que la urgencia de la situación justifique la atención inmediata de la persona que lo necesite.

Las entidades locales serán las encargadas de suministrar material de protección y prevención a todo el personal y de establecer las medidas necesarias para garantizar una distancia de seguridad de dos metros entre los y las profesionales, así como con las personas usuarias, que deberán llevar mascarillas y utilizar el gel hidroalcohólico a la entrada.

En los casos en que el tipo de intervención necesaria no permita mantener la distancia adecuada, como el servicio de ayuda a domicilio, las valoraciones de dependencia o la intervención con niños y niñas, entre otras, se reforzará el nivel de seguridad de los equipos de protección individual.

La resolución también establece que será el equipo de profesionales de atención primaria de servicios sociales los encargados de detectar, diagnosticar y atender a las personas más vulnerables que puedan sufrir situaciones de riesgo de contagio, desprotección social o desamparo provocada o agravada por la pandemia COVID-19, tanto por su situación económica como por sus situaciones personales, como las personas mayores, personas con diversidad funcional o trastorno mental, niños, niñas y adolescentes, personas sin hogar o escasos recursos económicos.

En este sentido, informará de aquellas solicitudes de la renta valenciana de inclusión que deben tramitarse con carácter de urgencia, y lo mismo ocurrirá con las solicitudes de dependencia, que deberán priorizar la realización del informe social de entorno y las valoraciones para poner al día las tramitaciones pendientes.

Respecto al servicio de ayuda a domicilio, los servicios sociales de atención primaria mantendrán el refuerzo necesario para atender a las personas cuya situación aconseje las menores salidas posibles ante la vulnerabilidad frente a un posible contagio del coronavirus.

Por último, las entidades locales con dotación para barrios inclusivos dispondrán hasta el 31 de mayo para la contratación, con cargo a los fondos que fueron derivados desde la conselleria, de cuatro personas profesionales durante seis meses que se encargarán de realizar el programa de intervención.

El coordinador o coordinadora en los centros de servicios sociales de atención primaria realizará un informe final de las actuaciones realizadas, que servirá de base para la redacción de un plan de contingencia preparatorio de una posible segunda oleada de la pandemia por COVID-19 en el otoño de 2020, de manera que se puedan anticipar las medidas a tomar ante esta previsión.

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