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El Pleno del Consell de este viernes ha aprobado varias medidas para poder hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19.

Entre otros, se ha aprobado la contratación de emergencia del suministro de 1.000 rúteres con conectividad que serán posados a disposición de las universidades públicas valencianas. La finalidad ha sido garantizar que el alumnado más desfavorecidos tengan acceso en la educación a distancia y a la administración electrónica, durante el periodo en que persista la suspensión de la actividad educativa presencial a causa de la pandemia de la COVID-19.

Mediante la compra de este material por parte de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, se pretende minimizar la brecha digital que afecta las familias con menos recursos y se da respuesta en las universidades valencianas que, a pesar de disponer del material tecnológico imprescindible para el seguimiento de las clases de manera telemática, carecían de sistemas de conectividad doméstica, como son los rúteres tipos MIFI, para posibilitar la conexión a internet desde los domicilios.
Además de poder seguir las clases, los dispositivos también serán utilizados para la realización de trámites de manera telemática con los servicios propios de la universidad, evitando, así, la tramitación presencial en oficinas en el actual contexto de limitación de la movilidad pública.
El contrato ha sido adjudicado a la empresa Vodafone por un importe total de 79.742 euros, IVA incluido, para la adquisición de 1000 rúteres, junto con su correspondiente conectividad mediante tarjeta SIM exclusivamente para datos, durante uno de periodo de tres meses. En concreto, han sido adquiridos 1000 rúteres MIFI 4G marca Huawei B311 y 1000 tarjetas SIM instaladas con un bono de datos para tres meses.

El Consejo ratifica la adjudicación por emergencia del suministro de hidrogel y mamparas en sedes judiciales, juzgados de guardia y registros civiles

El Pleno del Consell ha ratificado también la adjudicación, mediante la tramitación de emergencia, del contrato de suministros de dosificadores de hidrogel para la desinfección de manos e instalación de protecciones provisionales en varios juzgados de guardia y registros civiles, en sedes judiciales de la Comunidad Valenciana y la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Con el fin de proteger, con motivo de la COVID-19, la salud del personal que ejerce labores de atención en el público, la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública ha adjudicado el contrato a la empresa “EIFFAGE ENERGÍA, SLU. por un importe máximo de 41.124,65 (IVA incluido).
El contrato incluye el suministro de cierres provisionales de plástico film en todos los azulejos de atención al público en todas las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana donde se estime y se considere necesario. También, el suministro de cierres de policarbonato en los azulejos de defunciones de Registro Civil e Incapacitados de la Ciudad de la Justicia de Valencia y en la Fiscalía de Alzira.
Además, el contrato incorpora el suministro de 208 dosificadores de hidrogel en todas los juzgados de la Comunidad Valenciana; de 70 dispensadores en las sedes de la ciudad de Alicante y de 80 en la Ciudad de la Justicia de València y la instalación de 130 mamparas de metacrilato con ventanilla.

Por otro lado, el Consell también ha validado la adjudicación, mediante la tramitación de emergencia, del suministro de material de prevención y protección para los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana para evitar la propagación de la *COVID-19.
En este contexto, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha adjudicado cuatro contratos, por un importe total de 58.489,26 euros, IVA incluido.

Más de 600.000 euros en material de seguridad e higiene para los centros educativos

El Pleno del Consell ha aprobado también la declaración de emergencia de la contratación por parte de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte del suministro de 140.000 máscaras reutilizables y de 86.625 litros de jabón higienizando destinado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sientas administrativas competencia de esta consellería.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha invertido en esta compra 635.827,50 euros: 277.200 euros en la adquisición de 140.000 máscaras reutilizables y 358.627,50 euros en el suministro de 86.625 litros de jabón higienizando. El material lo están proveyendo empresas valencianas.

La declaración de emergencia de estos dos contratos de suministros está justificada tanto por el Acuerdo del Consejo, de 13 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública a consecuencia de la *COVID-19, como por la Resolución, de 29 de abril, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se declara de emergencia la contratación de las actuaciones necesarias en materia de prevención de riesgos laborales ante esta pandemia por la reincorporación en centros docentes y sientas administrativas, competencia de esta conselleria.

Declarado de interés general las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con la *COVID-19
A propuesta de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, el Pleno del Consejo ha declarado de interés general la tramitación de aquellas solicitudes de acceso a información pública relacionadas con la actual crisis sanitaria o con la acción de la administración como consecuencia de la *COVID-19.

La aplicación del principio de transparencia de la actividad pública se sitúa entre las prioridades de la acción del Gobierno valenciano. En una situación de crisis como la que ha provocado la pandemia de la COVID-19, la transparencia garantiza el derecho a la información de la ciudadanía y la rendición de cuentas.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declaraba el estado de alarma, establece que, como norma general, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

Este decreto contempla la posibilidad de suspensión en cada procedimiento concreto y de forma motivada; por lo tanto será cada dirección general quién tendrá potestad para actuar, pero el Consejo ha querido mostrar su posicionamiento marcando un criterio general sobre este tema.

En el marco del estado de alarma, en todo momento, las consellerias han seguido tramitado las solicitudes de acceso a la información pública, así como ha continuado funcionando el procedimiento telemático accesible del portal GVA Abierta, y el Consejo de Transparencia ha continuado resolviendo reclamaciones.

Por lo tanto, a pesar de esta suspensión automática a consecuencia del estado de alarma, se ha asegurado también la necesaria rendición de cuentas y el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información pública, a la vez que se ha garantizado la finalidad del estado de alarma y se han evitado perjuicios a las personas afectadas.

El derecho de acceso a la información pública se vincula a principios de transparencia, que protege el interés de la ciudadanía a conocer en todo momento aquello que hacen las administraciones públicas, y que cobra especial relevancia en las situaciones excepcionales que vivimos y en relación en las actuaciones desplegadas frente a la crisis sanitaria mundial de la COVID-19.

Ratificado el plan de desescalada diseñado por Igualdad para los centros de infancia y adolescencia y personas con diversidad funcional

El Pleno también ha ratificado las resoluciones de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas por las cuales se regula el proceso de desescalada y de transición a la nueva normalidad después del estado de alarma por la *COVID-19, en los recursos, instalaciones y servicios de los sectores de infancia y adolescencia, y de diversidad funcional y salud mental.

Ambos resoluciones se han trabajado con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y se han elaborado teniendo en cuenta las directrices establecidas por las autoridades sanitarias para preservar la salud y el bienestar de las personas usuarias, así como de las trabajadoras y los trabajadores de los centros.

Respecto a las medidas de seguridad e higiene las resoluciones ratificadas por el Pleno del Consejo establecen que los centros de atención diurna, recursos vivenciales y servicios ambulatorios, tanto de infancia como de diversidad funcional, tendrán que cumplir, en todo momento, las obligaciones de prevención de riesgos laborales establecidas en la legislación vigente en cada fase del plan, tanto a todos los efectos como de manera específica, para prevenir el contagio por la *COVID-19.

Así mismo, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre las personas trabajadoras, y de estas respecto a las usuarias. Cuando no sea posible, por razón de la actividad, se tendrá que utilizar el equipo de protección previsto en cada fase para el tipo de servicio de que se trate.

Se establece también tener en cuenta las medidas prescritas en cada momento para evitar el contacto de las personas con diagnóstico de COVID-19, con síntomas compatibles con el coronavirus o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, con otras trabajadoras o usuarias.
Respecto a la limpieza y desinfección de las instalaciones, se acuerda que se hará con la frecuencia y las condiciones estipuladas en cada fase para los centros sociosanitarios o los lugares de pública concurrencia, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se garantizará una ventilación adecuada de todas las dependencias.
Equipos de trabajo

En la planificación de la transición a las diferentes fases, los centros y servicios, tanto de atención a la infancia y adolescencia como los destinados a personas con diversidad funcional y salud mental, empezarán a tomar las medidas establecidas en el plan en función de la fase de proceso de desescalada vigente en el ámbito territorial en que se sitúe el centro o servicio.

Se establece, así mismo, que los centros y servicios contarán, excepto indicación contraria, con aquellos efectivos que hubieran sido reasignados, y que se reincorporarán a sus lugares ordinarios, adaptándose los horarios de atención, siempre que sea posible, a las necesidades de conciliación de las trabajadoras y los trabajadores, teniendo en cuenta la vigencia de la suspensión de la actividad de los centros educativos.

Quedan exceptuadas de la incorporación a la atención presencial las personas con pluripatologies para las cuales el contagio por COVID-19 pueda suponer un grave riesgo. También quedan exceptuadas las mujeres embarazadas. En estos casos se adaptará el puesto de trabajo a unas funciones que no requieran atención al público o a funciones de trabajo telemático.
Visitas de familiares

De acuerdo con las resoluciones de la consellería ratificadas por el Pleno del Consejo, se establecen las medidas concretas para retomar la atención y las visitas en los centros y servicios de manera escalonada, teniendo en cuenta todas las medidas y recomendaciones sanitarias.
Respecto a las visitas, el equipo directivo de cada recurso será el encargado de programar las visitas que serán, con cita previa, y atendiendo un máximo diario del 20 por ciento de las personas residentes.

La resolución establece que el número de visitantes no podrán ser superior en tres personas, que accederán a la visita uno por uno, exceptuando que todos convivan en la misma casa. Se mantendrá la distancia de seguridad de dos metros, con máscara y desinfectándose el calzado y las manos con solución *hidroalcohòlica, y, además, se los tomará la temperatura antes de entrar, restringiendo su acceso si tiene o supera los 37,5 grados.

Las visitas se realizarán en espacios habilitados para tal fin, que preferiblemente estarán al aire libre, y con la supervisión de personal técnico del centro. Así mismo, se dejará un mínimo de 15 minutos entre una y otra para la correcta limpieza, desinfección y ventilación de espacios.
En el caso de los centros residenciales para personas con diversidad funcional o problemas de salud mental, las visitas se retrasarán a la fase 2 a causa de la vulnerabilidad del colectivo, pero en la fase 1 la dirección de cada recurso tendrá que elaborar un protocolo de visitas que contemplo horarios, espacios, medidas preventivas y duración de las mismas atendiendo criterios de bienestar de las personas residentes y de sus familias.

Los criterios serán iguales a los de infancia, limitando las visitas diarias a un máximo del 20 por ciento de las personas residentes, y no más de tres personas por visita, que entrarán uno por uno excepto en los casos que convivan en la misma casa, que podrán entrar juntos. Las medidas de protección y distanciación social serán las mismas que para infancia, igual que los protocolos de limpieza y desinfección.

Tal como regula la resolución, los centros de atención diurna y ambulatoria para personas con diversidad funcional y salud mental empezarán a preparar la apertura progresiva antes del último día de la fase 1, con la programación de horarios y turnos y evaluando de manera individual la capacidad de retorno de las personas usuarias, atendiendo criterios de asistencia voluntaria y situación biopsicosocial de las personas y de sus familias.

En el caso de los centros de atención diurna de infancia y adolescencia en situación de riesgo, durante la fase 1 se continuará realizando un seguimiento adecuado de cada una de las personas usuarias, preferentemente de manera telemática y de manera presencial solo en aquellos casos en los cuales se venía prestando cuando sea necesario. No así los puntos de encuentro familiar, que empiezan ya en esta fase con los primeros encuentros presenciales.

En los centros residenciales, tanto de infancia y adolescencia como de diversidad funcional y salud mental, se continuará con las actividades físicas deportivas y salidas, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

Declaración de emergencia para la contratación del servicio de gestión logística para pedidos de las residencias sociosanitarias

El Pleno del Consell también ha aprobado una declaración de emergencia para la contratación del servicio de gestión logística para pedidos de las residencias sociosanitarias en la Plataforma Logística de emergencias *COVID-19, situada en Feria València.

Estos servicios de gestión logística se estiman para un plazo de duración de seis meses, puesto que el material adquirido se continuará distribuyendo en las residencias sociosanitarias una vez finalizado el estado de alarma. El importe máximo estimado para la ejecución del contrato es de 71.148 euros, IVA incluido.

Ante la llegada del material necesario para hacer frente a la crisis sanitaria *COVID-19 y la necesidad de su clasificación y almacenaje por parte de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, se habilitó el Pabellón 8 del recinto ferial de València a tal efecto.

Mediante resolución de la Comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat, frente a la infección de la COVID-19 en la Comunidad Valenciana, de fecha 1 de abril de 2020, se encargó el desarrollo del servicio de la Gestión de la Plataforma Logística para Feria València.
Dado que es necesario gestionar, así mismo, el material sanitario destinado a las residencias sociosanitarias, que hasta hoy era gestionado por los departamentos de salud, y que estos, actualmente, se ven imposibilidades ante la situación generada por la crisis sanitaria, se hace necesario contar con un servicio de gestión logística para pedidos de las residencias sociosanitarias en la Plataforma Logística de emergencias COVID-19 situada en Feria València.

Los beneficiarios de esta medida son tanto el personal sanitario, como el personal determinado como esencial, así como los pacientes y residentes de las residencias sociosanitarias de la Comunidad Valenciana.

Este servicio se realiza en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la *COVID-19, por la cual se declaraba el 14 de marzo el estado de alarma, intermediando Real Decreto 463/2020, adoptándose medidas en relación con la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, siente prorrogado por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y sucesivos.

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