El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de extensión de la telemedicina en la Comunitat Valenciana. Inicialmente, supondrá la dotación de un “pack tecnológico” para la instalación de 2.000 puntos de teleasistencia en centros de Atención Primaria. Se trata de que los centros de salud tengan capacidad suficiente para realizar videoconferencias y para que el personal sanitario pueda interactuar con “absoluta solvencia”, ha explicado.
Esta actuación será posible con el despliegue de 2.000 webcams y 2.000 auriculares con micrófono, así como 400 pantallas, 728 portátiles, teléfonos y telefonía por ordenador o la ampliación de las funcionalidades de la aplicación existente para la comunicación con pacientes, bien desde sus domicilios con los centros de salud o bien desde estos centros con los hospitales.
Según el máximo responsable del Consell, la pandemia de coronavirus ha mostrado la necesidad “de acelerar procesos ya iniciados como el de la digitalización” tanto del conjunto de la economía y la sociedad valencianas como de la sanidad, “que necesita de ese impulso de la telemedicina”. Según ha recalcado, “la telemedicina, aunque nunca va a sustituir el trato del profesional sanitario, es fundamental para ganar en eficiencia y en asistencia a todas las personas”.
El jefe del Ejecutivo valenciano ha realizado estas declaraciones tras la reunión por videoconferencia que ha mantenido con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, y el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Manuel Duarte.
Recuperación social post COVID que atienda a los colectivos más afectados por la pandemia
Por otra parte, la puesta en marcha de un plan de recuperación social que dedique una especial atención a aquellos colectivos que se han visto más afectados por las consecuencias de la pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19, al partir de una vulnerabilidad previa, será un objetivo prioritario para el Consell.
Así lo han manifestado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo y conseller Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que se han reunido para concretar algunos de los aspectos que desarrolla el decreto que regula las ayudas del Consell en materia de vivienda destinadas a personas afectadas por la COVID-19 que deberán gestionar y adjudicar las entidades locales.
El objetivo, ha incidido la vicepresidenta, es que en la recuperación “se procure que para aquellos colectivos para los cuales ha sido más doloroso el impacto social de esta pandemia se pongan en marcha políticas que se enmarquen dentro del lema de rescatar personas, que caracteriza al Consell del Botànic”.
El decreto establece la concesión directa de ayudas para viviendas con el objetivo de paliar el impacto que está teniendo entre las personas más vulnerables la situación excepcional de emergencia sanitaria que está sufriendo el país.
La vicepresidenta ha explicado que las entidades locales son quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinos y vecinas y, por tanto, es “imprescindible” la participación de los servicios sociales de atención primaria en la gestión e implantación de programas de este tipo, ya que pueden “diagnosticar y valorar la atención y satisfacción inmediata de las necesidades que en materia de vivienda tienen las personas que se encuentran en una situación económica y social de extrema gravedad”.
Se trata de ayudas de concesión directa de carácter excepcional y singularizado articuladas con el objetivo de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras especialmente vulnerables afectadas directa o indirectamente por la COVID-19.
Un total de 140 ayuntamientos y 29 mancomunidades de la Comunitat Valenciana se encargarán de gestionar las ayudas de 5 millones de euros y destinarlas para ayudar a estos colectivos poniendo a su disposición un alojamiento de titularidad pública de manera inmediata, o concediendo ayudas directas para el pago de alquiler o precio de la ocupación de inmuebles donde habitualmente residen las personas beneficiarias.
Las ayudas para alquiler podrán alcanzar el 100 % de la renta establecida con un límite de 600 euros al mes, que podrá ampliarse hasta los 900 euros en supuestos debidamente justificados. Además, se concederán ayudas para costes de mantenimiento, comunidad y suministros básicos hasta 200 euros mensuales.
Estas ayudas se concederán en un primer momento por un plazo de 1 año, prorrogable anualmente, hasta alcanzar el límite de 5 años.
Además de a las víctimas de violencia de género, de desahucio o lanzamiento de la vivienda habitual y personas sin hogar, los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos serán los encargados de valorar y aconsejar la concesión de estas ayudas también a personas especialmente vulnerables como personas con problemas de salud mental, diversidad funcional, jóvenes extutelados por la Generalitat, personas mayores, migrantes o solicitantes de asilo entre otros.