El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la pandemia de COVID-19 y las medidas para la desescalada.

De este modo, Puig ha comunicado este domingo que la Comunitat Valenciana recibirá 377 millones de euros para la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que beneficiarán a 100.00 familias y, en su conjunto, a 280.000 personas, de las que 82.000 son menores.

En concreto, la inversión del Gobierno en la aplicación de esta medida en la Comunitat Valenciana será de 377 millones de euros e irá dirigido a 100.000 familias con rentas inferiores a los 310 euros mensuales, con un total de 280.000 personas beneficiarias, de las que 82.000 son menores (el 30%). El 15% de estas familias son monoparentales y más del 40% tienen menores a cargo.

Por provincias, habrá 125.000 personas y 45.000 familias beneficiarias en la provincia de Valencia, otras 125.000 personas y 45.000 familias en la provincia de Alicante y 28.000 personas y 10.000 familias en la provincia de Castellón.

El president, que ha destacado la necesidad de que haya coordinación entre administraciones para que el ingreso llegue a las personas beneficiarias de la manera más eficaz, pedirá un convenio para poder cogestionar esta renta mínima “lo más pronto posible”.

El president ha propuesto al Gobierno central en la duodécima conferencia de presidentes y presidentas la aprobación de cuatro “planes conjuntos” con las comunidades autónomas: un plan de infraestructuras, un plan de impulso a las energías renovables, un plan de vivienda para favorecer el acceso a la misma de la población juvenil y para reactivar la construcción y un plan para apoyar la industria de la movilidad.

Sobre el sector de la movilidad, ha solicitado la activación de un plan “ambicioso”, “por el empleo que crea, por el desarrollo económico y la innovación que genera y por su implicación en la lucha contra el cambio climático”.

“Si los coches son el principal agente de la contaminación en las ciudades, tenemos que reducirlo fomentando la renovación ecológica del parque automovilístico”, ha dicho el president, que ha abogado también por medidas relacionadas con el transporte público, “uno de los más afectados en esta pandemia”.

Reforma de la financiación autonómica

Puig ha reivindicado también la reforma urgente del modelo de financiación para evitar que la recuperación económica y social de España se realice a distintas velocidades. “No podemos permitir una reconstrucción de España a dos o tres velocidades distintas por una desigualdad de origen que acentúa, más todavía, la desigualdad de renta”, ha argumentado el president.

“Tenemos que transitar hacia la equidad y por eso he insistido en la necesidad de una financiación autonómica justa”, ha subrayado Puig, que ha pedido la “misma capacidad” para caminar hacia la recuperación sin desigualdades entre territorios.

Puig ha insistido en la importancia de la unidad de acción y la transversalidad para superar la crisis. “Convendría que algunos representantes políticos en España dejaran ya de gritar y de crispar. Si baja la curva sanitaria y estamos ganando la batalla de la pandemia y suben, por otro lado, los decibelios del debate, es que algo se está haciendo mal”, ha enfatizado, para agregar: “se puede fiscalizar y criticar y, al mismo tiempo, dialogar y consensuar, porque acordar no es claudicar, pactar no es traicionar”.

“La ciudadanía no ha hecho tanto de esfuerzo para escuchar peleas diarias en la televisión. No es tiempo para el grito y el bloqueo; es el tiempo para la palabra y la acción”, ha añadido.

Puig ha señalado que los esfuerzos para lograr esa unidad de acción en la Comunitat Valenciana se centrarán no solo en los trabajos de la comisión parlamentaria para la recuperación de la Comunitat y en la Mesa del Diálogo Social impulsada por el Consell, sino también en “una tercera rama, fundamental para dar mayor solidez a esa voluntad de levantarnos juntos: el ámbito territorial”.

Consenso territorial

Según ha anunciado Puig, este mismo lunes ha convocado a una reunión “para trabajar juntos” en favor de la cohesión de la Comunitat, a los alcaldes de València, Alicante y Elche y a la alcaldesa de Castelló, así como a los presidentes de las tres diputaciones provinciales, al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, al presidente del Foro de Municipios de Interior y al presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta y presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP. Todos están convocados a un “consenso territorial e institucional” que aumente la eficiencia de las medidas para la recuperación, ha indicado.

Puig ha reiterado además su intención de solicitar la convocatoria de un pleno monográfico en Les Corts que permita “recoger todas las iniciativas que los distintos grupos puedan plantear con mirada europea”, ya que resulta fundamental -ha defendido- que la Comunitat “elija bien” cómo, de qué manera y en qué “quiere inyectar el dinero europeo”, especialmente después de que el presidente del Gobierno haya anunciado este domingo a las comunidades su participación en la gestión de los fondos concretados esta semana por la Comisión Europea.

Puig ha valorado también que el presidente del Gobierno haya comunicado que, a partir de la fase 3, las comunidades autónomas gestionarán la desescalada y podrán pedir que se levante el estado de alarma en su territorio.

Por otro lado, el president ha propuesto institucionalizar la conferencia de presidentes y presidentas autonómicos, porque “ha sido un mecanismo muy positivo para plantear iniciativas comunes”, así como también todas las conferencias sectoriales. “Esta cooperación de espíritu federal tiene que fortalecerse para los retos que vienen y que no solo competen en las comunidades autónomas o al Estado, sino a todos y a todas”, ha manifestado.

A su vez, Puig ha informado de que ha pedido también en la reunión “un marco legal para la reactivación que permita, con seguridad jurídica, flexibilizar leyes para activar la inversión pública y privada”.

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