Este viernes, el Pleno del Consell aprobó diferentes medidas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

En este sentido, el Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley por el que se modifica la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para permitir el acoplamiento urgente y necesario con el Real decreto que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De este modo, se pretende que esta resuelva la falta de seguridad que genera la existencia de dos prestaciones cuyo objeto es concurrente y compatible.

El IMV es una prestación económica y la RVI acompaña a las prestaciones económicas de prestaciones profesionales y de la elaboración de itinerarios de inclusión individualizados, para favorecer que la persona beneficiaria pueda romper con los elementos que provocan su exclusión social, y con el ciclo de pobreza material y social en el que se encuentro inmersa por factores ajenos a su voluntad.

Con la aprobación de este decreto la RVI pasar a ser complementaria del IMV hasta el importe del módulo garantizado que corresponda percibir en concepto de RVI.

Las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión deberán reunir los siguientes requisitos:

– Residencia efectiva de 12 meses en la Comunitat Valenciana

– En los casos de personas sin hogar los ayuntamientos deberán facilitar su empadronamiento

– Si no perciben ninguna prestación contributiva o no contributiva y cumplen requisitos de RVI, podrán acceder a rentas de garantía.

Se establecen como exentos de cumplir los requisitos a las personas solicitantes de asilo, refugiados, exiliados, apátridas, prostitución, trata de blancas, explotación sexual, violencia machista e intrafamiliar

Asimismo, en aquellos casos en los que los servicios sociales municipales justifican circunstancias extraordinarias se podrá acceder a la RVI a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos.

Respecto al cálculo y cuantía a percibir, el decreto establece que si un beneficiario o destinatario percibe el IMV se le restará de la cuantía a percibir correspondiente a la RVI.

En el caso en el que el importe del IMV sea mayor que el de RVI el importe reconocido será cero, pero se mantendrá a la persona como titular de la Renta Valenciana de Inclusión para que mantenga el derecho a la prestación profesional de los itinerarios de inclusión.

Asimismo, y para agilizar todo el proceso de tramitación, se prevé la solicitud conjunta de las dos prestaciones, que se podrá regular mediante convenio de la Generalitat con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El decreto ley aprobado regula de nuevo el procedimiento para poder compatibilizar ambas prestaciones. Además, añade la posibilidad de la solicitud anticipada y la regulación del procedimiento de urgencia para agilizar la tramitación en casos especiales como el de la situación de pandemia por la COVID-19.

Validada la emergencia de las contrataciones de suministro de material sanitario por importe de 7,1 millones de euros por el coronavirus

El Pleno del Consell ha validado la declaración de emergencia de las contrataciones de suministro de material sanitario por la COVID-19 por un importe de 7.106.630,79 de euros.

Se trata de los siguientes suministros: 165 monitores para ampliar las UCI por 1.185.146,60 euros; 2.130 botellas de solución hidroalcohólica para asepsia en manos por fricción por 35.250,29 euros; 343.000 guantes de nitrilo por 15.233,90 euros; 750 tests de diagnóstico por 201.000 euros; y 200 respiradores para ampliar las UCI por 5.670.000 euros.

Asimismo, el Pleno del Consell también ha validado la declaración de emergencia de las contrataciones de suministro de otros materiales sanitarios por la COVID-19, por un importe de 7.224.671,5 euros.

Se trata de los siguientes suministros: mascarillas para la prevención de la COVID-19 por 2.456.500 euros; 100 respiradores por 2.443.171,50 euros; 5.000.000 de guantes por 800.000 euros; 150.000 batas quirúrgicas impermeables no estériles talla única por 525.000 euros; suministro de 100 respiradores para ampliar el equipo médico de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para hacer frente a la COVID-19 por 1.000.000 euros.

El Consell ratifica la adjudicación por emergencia de dos contratos para distribuir gel hidroalcohóico y mascarillas en los juzgados

Por otra parte se ha ratificado la tramitación de dos contratos de emergencia para el suministro de mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico destinado al personal de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana. El importe de ambas operaciones asciende a los 238.050 euros, sin IVA.

Estos contratos se formalizaron para garantizar la seguridad de las plantillas de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana ante la paulatina vuelta a la normalidad de los tribunales.

De esta forma, el 5 de junio se contrató a la empresa VIJUSA SL para el suministro de 8.500 litros de gel, por un importe de 28.500 euros. Posteriormente, se formalizó otro contrato con El Corte Inglés, por un importe de 210.000 euros, para la adquisición de 600.000 mascarillas quirúrgicas.

Validada la contratación de más personal en el teléfono 1·1·2 para atender el incremento de llamadas por la COVID-19

El Consell también ha ratificado la contratación por el procedimiento de emergencia, por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), de más personal que atendiera en el teléfono de Emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana durante las semanas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

En total se inyectaron cerca de dos millones de euros para tal fin, así como la compra de material, acciones extraordinarias de limpieza y desinfección y la adquisición de elementos de protección para la plantilla de Emergencias.

El pasado 11 de marzo se amplió, por el procedimiento de emergencia y un importe de 489.998 euros, el contrato en vigor con la empresa Ilunion Emergencias S.A, debido al mayor número de llamadas recibidas hasta esa fecha a causa de la COVID-19 y en previsión de un futuro incremento de casos.

Posteriormente, tras la declaración del estado de alarma, el 17 de marzo se amplió el citado contrato por un importe de 1.477.734 euros.

Los cerca de dos millones de euros de las dos ampliaciones de contrato se han destinado a la contratación de más personal encargado de la atención y gestión del teléfono único de emergencias y de los departamentos de soporte, así como a la compra de material para la prestación del servicio de acuerdo a una estimación de necesidades para tres meses después de iniciada la emergencia.

También fue necesaria la ampliación de la plataforma de atención telefónica desde la Sala 1·1·2 en un espacio diferenciado sin contacto con la sala existente en las instalaciones de l’Eliana.

En ambos espacios se declararon zonas sensibles en las cuales era imprescindible el refuerzo de la frecuencia de su limpieza y desinfección tales como las salas 24 horas, las zonas de descanso, los aseos y otros espacios comunes.

El Consell valida la contratación de servicios y elementos de protección frente a la COVID-19 en centros de la Conselleria de Agricultura

El Pleno también ha validado la declaración de emergencia para el suministro de servicios y elementos de protección frente a la COVID-19 en centros de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por un importe total de 19.637,21 euros.

Concretamente, se ha llevado a cabo el refuerzo del servicio de limpieza ordinaria, así como la instalación y mantenimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en instalaciones de las oficinas comarcales, del vivero forestal de la Santa Faz y de la Central de Prevención de Incendios de Alicante, por un valor de 4.608,89 euros.

Las oficinas comarcales se sitúan en Alcoy, Altea y Crevillente, en la provincia de Alicante, y en Segorbe, Vall d’Alba y Sant Mateu, en la de Castellón. El importe en este caso asciende a 15.028,32 euros.

Todas estas dotaciones tienen como objetivo proporcionar los equipos y materiales de protección para cumplir con las medidas de seguridad y extremar la precaución frente al coronavirus para garantizar la salud de los usuarios y usuarias y del personal que presta sus servicios en alguna de estas dependencias.

Anteproyecto de ley que ordena la actividad deportiva para garantizar que se presta e imparte de forma segura por profesionales

El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Ordenación de las profesiones del deporte en la Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo la protección de la salud y el bienestar de las personas deportistas, consumidoras y usuarias de los servicios deportivos y de la actividad física.

La norma establece la obligación de una publicidad objetiva, prudente y veraz de los servicios ofrecidos y se prohíbe el fomento de prácticas deportivas perjudiciales para la salud, al tiempo que los centros deportivos han de mostrar, de una manera clara y visible, la titulación que posean los y las profesionales.

El anteproyecto de Ley de Ordenación de las profesiones del deporte en la Comunitat Valenciana regula, por tanto, las profesiones deportivas, así como las funciones que corresponden a cada una. Estas profesiones son: monitor o monitora deportivo; entrenador o entrenadora deportivo; preparador o preparadora físico; director o directora deportivo; profesor o profesora de Educación Física.

Asimismo, establece los requisitos para el ejercicio de cada una de las profesiones reguladas, de modo que se especifica la formación y titulación requeridas para cada una.

 

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