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Esquerra Republicana de Valencia pregunta en el Ayuntamiento de la ciudad y el presidente de ERPV al Consejero Arcadi España, Presidente del Consell de Administración de FGV, por la actuación violenta y racista de la empresa de seguridad con un ciudadano inmigrante a Metrovalencia.
Este domingo 5 de julio se ha hecho público un video donde se podía comprobar como dos miembros de la empresa GARDA, responsable de la seguridad de los vagones de Metrovalència, esposaban un ciudadano inmigrante por el hecho de llevar mal colocada la mascarilla en la línea 1.
Desde la sección local de ERPV en València vemos con preocupación este tipo de actuaciones que, desgraciadamente, se producen a menudo a las líneas de metro de la ciudad. Para los republicanos valencianos estas agresiones no pueden darse en la ciudad acogedora y al servicio de las personas que volamos.
Por este motivo y, a pesar de ser conscientes que la gestión de Metrovalència depende de FGV y, por lo tanto de la Generalitat, hemos formulado una pregunta en el Ayuntamiento de València, en concreto al alcalde Joan Ribó y la regidora de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maria Teresa Ibañez. en el sentido de si van a pedir explicaciones a los responsables de la gestión del metro en FGV. Más allá del signo político de cada concejalía, es obligación de los responsables de la ciudad exigir responsabilidades a los gestores de la empresa Metrovalència.
Por otro lado, el presidente de Esquerra Republicana del País Valenciano, Josep Barberà, ha dirigido al Consejero Arcadi España una petición porque el Consejo de Administración de FGV tome medidas para impedir todo tipos de actuación violenta en las líneas de metro y porque se depuran responsabilidades ante el que hemos podido ver que pasó domingo 5 de julio.
Consideramos que los vigilantes del metro se extralimitaron en sus tareas y cometieron un posible delito de odio, además de comportarse de forma racista y excluyente. Según testigos presenciales, en aquel vagón había más gente con la mascarilla mal colocada, pero solo esposaron al ciudadano migrante que viajaba.
Además, a las imágenes hechas públicas, se puede ver como dos ciudadanos ayudan a esposar el ciudadano afectado, extralimitándose en sus funciones. La ley de enjuiciamiento criminal (LECRIM) reconoce en sus artículos 490 y 491 que cualquier ciudadano puede detener otro siempre que lo sorprenda en «flagrante delito», que intento huir de prisión o estando detenido, que se muestre en rebeldía o que vaya a cometer un delito. Respecto de estos ciudadanos remarcan que, tal como se observa al video difundido, estos no llevan la máscara muy colocada, sin que ningún vigilante los pido que se la pose be.
Sabedores del inicio de una investigación de oficio por parte de FGV, desde Esquerra Republicana pedimos que se esclarezcan los hechos ocurridos, así como los que sucedieron después de que el ciudadano saldrá del vagón de metro, de quien no ha transcendido ninguna información.
Este tipo de actuaciones pueden ser constitutivas de un delito de vulneración de los derechos fundamentales que esperamos, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat, se esclarezcan y no vuelven a producirse.
Nota de Esquerra Republicana País Valenciano (ERPV).
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana abre una investigación para esclarecer el incidente con un usuario de *Metrovalencia
Por su parte, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) ha abierto una investigación para esclarecer el ocurrido en Metrovalencia.
El incidente ocurrió a las 21 horas en un tren de la Línea 1 (Bétera-Villanueva de Castellón).
Metrovalencia ya ha solicitado la grabación completa de las cámaras de seguridad para analizar toda la secuencia con el fin de determinar el detonante del incidente, y se ha solicitado un informe a la empresa de seguridad para tomar las medidas que sean necesarias.
Desde que se decretó por parte del Gobierno la obligatoriedad de llevar máscara en el transporte público el 4 de mayo, se ha incrementado la presencia de seguridad en estaciones y vagones.
En total, se han producido 1.973 intervenciones relacionadas con el mal uso de esta medida preventiva ante la COVID-19. De todas ellas, 64 actuaciones necesitaron de la presencia de la Policía Nacional o Guardia Civil.
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