A finales de esta semana tuvo lugar la Mesa de Políticas Públicas de l’Acord per a la Recuperació de la Comunitat ValencianaAlcem-nos‘. En ella fueron consensuadas 14 grandes líneas estratégicas y 50 acciones sobre las que debe basarse la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la pandemia de la COVID-19.

Las 14 líneas estratégicas consensuadas por la Mesa de Políticas Públicas se agrupan en tres grandes objetivos: conseguir una mayor financiación que posibilite el desarrollo de políticas públicas para la recuperación económica; el desarrollo de una estrategia económica basada en la transformación digital y ecológica, una industria competitiva y resiliente, el fomento de la ciencia y la innovación, y una nueva administración más moderna; sin olvidar la necesaria aplicación de unos principios de gobernanza y colaboración entre agentes sociales y económicos, y una alineación con las estrategias nacionales y europeas.

Entre las principales acciones propuestas destaca mantener una unidad de acción de Gobierno valenciano, partidos políticos, agentes sociales y económicos en la reivindicación del nuevo modelo de financiación autonómica basado en los criterios de suficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal, imprescindible para que se acelere la reforma global del actual sistema de financiación autonómica.

Además, el documento propone la creación de un fondo de nivelación transitorio hasta la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de financiación, ante la previsión de que la mencionada reforma tenga un proceso de negociación a medio plazo, evitando de esta manera que la Comunitat Valenciana reciba una financiación por habitante inferior a la media del conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, se desarrollará una alianza público-privada que garantice el desarrollo e incorporación de las tecnologías habilitadoras tanto en el sistema productivo como en el sector público de la Comunitat Valenciana. De esta manera la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, las universidades, los institutos tecnológicos, el CSIC y la propia Generalitat sumarán fuerzas con el objetivo de impulsar la creación de esta alianza que reunirá los centros punteros que aglutinan el conocimiento sobre una o varias tecnologías habilitadoras en la Comunitat Valenciana de una forma colaborativa, con el fin de componer un conjunto coherente y coordinado.

Otra de las líneas estratégicas presentadas se centra en los cambios que requiere la Administración valenciana, y en concreto en su regeneración, en la reducción de la elevada tasa de temporalidad, la mejora en la formación y en la profesionalización del personal empleado público.

Asimismo se considera necesario corregir la excesiva burocratización de los procedimientos administrativos, especialmente acuciante en la actual situación de crisis. La reducción y simplificación de las cargas administrativas a través del desarrollo de la Oficina de Simplificación Administrativa (OSA) y del Plan Agiliza, serán fundamentales para facilitar la tramitación de los fondos de recuperación de la UE y de España.

Por otro lado, cabe destacar la propuesta de reforzar y modernizar la justicia a lo que se contribuirá a través de la mejora de sus infraestructuras y su digitalización, implantando el expediente electrónico que supondrá la consecución del objetivo de “papel cero”, así como mejorar en la eficiciencia de sus servicios.

El documento también propone la creación de un Comité de Proyectos Estratégicos que constitutirá un instrumento de acción intensivo, ágil e inmediato para promover la identificación de proyectos, alineados con el Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico Valenciano y, a la vez, potencialmente financiables con fondos europeos.

Su objetivo será el de preparar y desarrollar proyectos para captar el mayor volumen de financiación posible, y planificar su financiación a corto y medio plazo, lo cual favorecerá la competitividad y un desarrollo más sostenible de la Comunitat Valenciana.

El documento presentado también hace especial hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza interna, impulsando la eficiencia en el gasto y la evaluación de políticas públicas, priorizando aquellas actuaciones que sean más relevantes a nivel social y económico.

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