Como cada viernes, el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana aprobó varias medidas para hacer frente a la situación provocada por el Covid-19.

Así, se dio luz verde al decreto ley de modificación de la Ley 17/2017, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la creación urgente de una bolsa de empleo temporal común a todos los municipios, que quedará sin efecto cuando se constituya la que está prevista en la ley y que ha visto interrumpido su desarrollo.

La declaración del estado de alarma y la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha hecho patente la necesidad de muchos ayuntamientos con cuerpo de Policía Local de contar con personal funcionario interino para poder hacer frente al incremento de la carga de trabajo que supone el cumplimiento de sus obligaciones de control de los desplazamientos de población y demás servicios necesarios para coadyuvar a detener la pandemia, motivo por el que se modifica la disposición transitoria decimocuarta.

Así, con la bolsa de empleo autonómica, los ayuntamientos que no hayan podido completar sus procesos selectivos podrán recurrir a ella para cubrir si hubiera necesidad en los próximos meses.

Por otra parte, el decreto ley modifica la disposición transitoria séptima de medidas correctoras de la desigualdad de género en los cuerpos de Policía Local para armonizar con la jurisprudencia europea las medidas que favorecen la incorporación de la mujer a las plantillas de policías.

Por último, se ha introducido un nuevo apartado en el artículo 41 que concreta la participación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en el desarrollo del proceso selectivo de policías locales, poniendo en valor las funciones y competencias del ente formativo de seguridad y emergencias.

Los y las agentes que superen las pruebas de acceso en los distintos cuerpos de policía local, deberán superar también un curso selectivo de formación que realizará el IVASPE, aunque mientras lo estén cursando ya adquirirán la condición de funcionarios.

Declaración de emergencia para la contratación de suministro de material sanitario para hacer frente a la COVID-19

El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material sanitario con el fin de poder hacer frente y prestar la atención sanitaria adecuada durante la pandemia.

En concreto, se ha aprobado la tramitación por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de varios expedientes, por importe de 18.752.895 euros, que han permitido la adquisición del material sanitario necesario para la protección de los profesionales sanitarios y del personal esencial para hacer frente al coronavirus.

Se trata de 4.030.000 de batas, tanto desechables como quirúgicas; 470.000 sistemas de recogida de muestras y transporte del virus COVID-19; 2.000 tests; 7.647.000 de mascarillas de diferentes tipos (FFP3 sin válvula, quirúrgicas y N95) y 6.300.000 guantes de nitrilo y látex.

Declaraciones de emergencia de ejecución de 12 obras hidráulicas, de abastecimiento y saneamiento ante la COVID-19

El Pleno del Consell ha aprobado las declaraciones de emergencia de ejecución de 12 obras hidráulicas, destinadas al abastecimiento y el saneamiento, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria originada por la COVID-19, por un importe de 5.907.551,48 euros.

La mayor inversión del conjunto de actuaciones corresponde a la mejora de la conducción de abastecimiento en los municipios de la zona interior de la Plana de Castelló. Unas obras que ascienden a más de 2 millones de euros.

Por provincias, la inversión en Castellón abarca un total de 4 actuaciones integrales por un importe total superior a los 3 millones de euros. Concretamente, se refieren además de la anteriormente citada, a la equipación del sondeo para abastecimiento de agua de Vilafranca y Benassal, por 511.358,49 euros y al sondeo de investigación preexplotación para el abastecimiento de agua del Llogaret de Los Calpes, en Puebla de Arenoso por 234.694,43 euros, además de la ejecución del sondeo de investigación para un nuevo pozo para el abastecimiento de los municipios de Soneja y Sot de Ferrer por 320.045 euros.

En la provincia de Valencia se detallan las obras de equipamiento y electrificación del sondeo La Molinera y conducción en Sellent por 345.720,06 euros; la ejecución del sondeo de substitución “Nou pou La Cerrada” destinado al abastecimiento de agua potable del núcleo de población de Aras de los Olmos por 157.680 euros; las actuaciones para ejecutar la conducción desde el pozo Sierra Bicuerca al depósito intermedio, en Caudete de las Fuentes, por 301.351,06 euros; las estaciones de bombeo y conducciones para un nuevo colector general fase II en Bocairent por 491.447 euros y también de las obras “Horta Nord – colectores y filtros verdes de depuración de aguas residuales” por 492.766,89 euros, así como la finalización del depósito de agua potable en Palmera por 137.732,52 euros.

En la provincia de Alicante se registra la substitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onaer en Callosa d’en Sarrià por 514.426,14 euros.

Deducciones en el IRPF para que los beneficiarios de ayudas por la COVID-19 no tengan que tributar por ellas

El Pleno del Consell ha aprobado modificar la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y restantes tributos cedidos para introducir deducciones en el tramo autonómico del IRPF a la tributación de las ayudas concedidas con motivo de la COVID-19.

La deducción se aplicará, con efecto retroactivo de uno de enero de 2020, a las ayudas concedidas por la Generalitat a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación (ERTE) o que hayan ejercido los derechos de reducción total o del 50% o más de su jornada laboral para la atención a menores, mayores o dependientes a cargo suyo; a las ayudas recibidas para la adquisición o electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal y a las cantidades dinerarias o en especie donadas para minimizar el impacto de la COVID-19 o destinadas a la realización de actividades de investigación y desarrollo.

Asimismo, con efectos desde el uno de enero del 2021, se introduce una nueva deducción en el IRPF, en este caso ya no por la ayuda recibida, sino por la adquisición o electrificación de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

A todas estas medidas se suma la ya mencionada anteriomente sobre el decreto ley que establece el régimen sancionador específico contra el incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la COVID-19.

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