Este lunes entraban en pleno funcionamiento en la Comunitat Valenciana tres ‘juzgados COVID-19‘. Cada uno de ellos está ubicado en cada capital de provincia con la finalidad de que resuelvan unos 700 asuntos al mes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Estos nuevos órganos judiciales se ponen en marcha para aliviar la carga de trabajo provocada por la suspensión de los plazos procesales causada por la declaración del Estado de Alarma la pasada primavera con motivo de la pandemia de coronavirus.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado que, en las provincias de Valencia y Alicante, la jurisdicción más afectada por la suspensión de los plazos procesales ha sido la de lo Mercantil, mientras que en Castellón ha sido la de lo Social.
Por ese motivo, se ha creado el juzgado de lo Mercantil número 5 en Valencia, mientras que en Alicante será el número 4, y, en el caso de Castellón, el nuevo órgano judicial es el número 5 de lo Social.
“Tanto en Valencia como en Castellón hemos podido ubicar estos juzgados en espacios en el interior de sus respectivas ciudades de la Justicia, mientras que en Alicante se ha recurrido al alquiler de un local cercano al Palacio de Benalúa”, ha indicado la consellera Bravo.
Los juzgados de Valencia y Alicante contarán con una plantilla de 4 gestores, 5 tramitadores y 1 auxilio judicial para asistir a cada juez y letrado de la Administración de Justicia, y en Castellón se ha dispuesto una dotación de personal de 2 gestores, 4 tramitadores y 1 auxilio judicial.
En total, el refuerzo lo compondrán 33 profesionales entre los tres juzgados y ha supuesto una inversión por parte de la Conselleria de Justicia de 850.000 euros.
Para Gabriela Bravo, pese a estos refuerzos que aliviarán la carga de trabajo, sigue siendo necesario que se ponga en marcha el Plan Reactiva Justicia Covid 2021 propuesto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, y que “cuenta ya con el apoyo unánime de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales de toda la Comunitat Valenciana”.
Este plan prevé el despliegue de 18 jueces de refuerzo, 9 letrados de la Administración de Justicia y 41 funcionarios que se sumarían a estos juzgados covid para potenciar las jurisdicciones Civil y Social en Valencia y Alicante y la Mercantil en Castellón.
De este modo, Valencia contaría con 10 jueces de refuerzo, 5 letrados de la Administración de Justicia y 22 funcionarios. Por su parte, Alicante tendría 7 jueces, 4 letrados y 16 funcionarios, mientras que para Castellón se dispondría de 1 juez, 1 letrado y 3 funcionarios.
La Generalitat está dispuesta a aportar 2,2 millones de euros, de forma que “se podrían resolver alrededor de 10.600 asuntos cada semestre entre las tres provincias”.
Se estima que los juzgados de lo Mercantil resolverán una media de 300 casos al mes cada uno, mientras que el juzgado de lo Social de Castellón podrá hacer lo mismo con unos 100 asuntos mensuales, según Justicia.
Con esta iniciativa se pretende “reagendar” el calendario judicial, porque “ahora mismo se están realizando señalamientos de juicios para finales del año 2022 y, si no se pone remedio, los plazos de espera de un servicio esencial como es la Justicia serán completamente inaceptables”.