(E.P.) El Equipo de Delitos Tecnológicos (Editeco) de la Guardia Civil de Lliría ha abierto una investigación a una joven de 20 años acusada de estafar a una persona con discapacidad intelectual a la que tutelaba. Así lo ha informado el Instituto Armado en un comunicado. La chica era voluntaria de una fundación sin ánimo de lucro de Valencia y utilizó el dinero para alquilar un coche con conductor para irse de compras.

Una denuncia originó las actuaciones policiales, pues la familia de la persona tutelada se percató de unos cargos en la tarjeta bancaria que le facilitaban a su hijo para situaciones de emergencia. La Guardia Civil solicitó entonces datos para ver de dónde provenían los cargos y descubrieron que llegaban de la propia cuidadora del menor. La voluntaria llevaba conviviendo cinco meses en un domicilio tutelado por la fundación con varios discapacitados dentro de un programa para fomentar la vida autónoma e independiente de éstos.

Aprovechando su posición y la confianza que depositó el joven y su familia en ella, influyó manipulando a la persona que estaba bajo sus cuidados para que le facilitase el medio de pago que tenía para urgencias. La investigada vinculó la tarjeta a su teléfono móvil e hizo uso para gastos personales meses después de que ya no no fuese la encargada de la tutela de la víctima. Los cargos hacían referencia a servicios de alquiler de coche con conductor para irse de compras a costa de la persona que tenía a su cuidado.

La joven contravino así los valores morales y el sentido del voluntariado que por definición significa el desinterés de la persona que lo ejerce. También infringió el código deontológico de la fundación que prohíbe taxativamente la utilización del dinero de los atendidos o tutelados por los voluntarios, aun siendo para gastos comunes que se produjesen en la convivencia en sus pisos, existiendo ya para este tipo de devengos una cuenta facilitada por la propia fundación.

Por este motivo, los agentes abrieron una investigación a la joven como autora de un delito de estafa, por el uso no autorizado de la tarjeta bancaria de la víctima. Finalmente, las diligencias instruidas han sido entregadas al Decanato de los Juzgados de Llíria.

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