La Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe sobre el control interno financiero, durante los ejercicios de 2017 a 2019 (primer trimestre), en 21 municipios de entre 20.000 y 25.000 habitantes, según los datos poblacionales que figuraban a 1 de enero de 2015.
Concretamente, los ayuntamientos fiscalizados han sido Alboraya, Alfafar, Almoradí, Altea, Aspe, Bétera, Carcaixent, Cullera, Ibi, L’Alfàs del Pi, La Nucia, La Pobla de Vallbona, Llíria, Moncada, Mutxamel, Paiporta, Picassent, Pilar de la Horadada, Requena, Riba-roja de Túria y Sant Joan d’Alacant.
El control interno de estos ayuntamientos ha sido valorado hasta un máximo de 50.000 puntos, distribuidos por áreas y subáreas. El resultado de esta evaluación se ha recogido en los respectivos informes definitivos emitidos para cada una de las entidades locales objeto de esta fiscalización.
De acuerdo con la valoración efectuada, los ayuntamientos con mejor control interno son los de Aspe, Paiporta, Alfafar y Riba-roja de Túria, mientras los que presentan peor puntuación han sido Moncada, La Nucia, Alboraya y Carcaixent.
En este sentido, hay que resaltar también que Bétera se encuentra entre los 10 primeros, con la octava posición y un riesgo mediano según el análisis.
El análisis realizado ha puesto de manifiesto que en el 95,2% de los ayuntamientos fiscalizados no se cumplen los plazos de las fases del ciclo presupuestario durante los ejercicios fiscalizados y existen valores prescritos o en riesgo de prescribir. Así mismo, se ha constatado que en el 85,7% de los consistorios no se estima el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones y se presentan algunas carencias del entorno tecnológico relevantes desde el punto de vista de la seguridad.
Por áreas, la mejor evaluada ha sido la de Gestión Administrativa (75%), mientras que la de Entorno Tecnológico (55,1%) ha sido la que ha obtenido la peor calificación.
En los correspondientes informes individuales ya publicados, la Sindicatura de Cuentas ha efectuado numerosas recomendaciones que afectan las diversas áreas analizadas. Entre ellas se encuentran las destinadas a mejorar la seguridad y la eficacia del entorno tecnológico, puesto que la crisis sanitaria y socioeconómica mundial causada por la pandemia de la COVID-19 que marca nuestra realidad en el momento de publicar este informe ha puesto de manifiesto la total dependencia que tiene la gestión pública de los sistemas de información y las comunicaciones (SIC).
Esto hace que administraciones públicas y ayuntamientos sean más vulnerables frente a los ciberataques y que, por lo tanto, sea más necesario que nunca mantener un sólido sistema de protección frente a ellos y una adecuada ciberhigiene.
A 1 de enero de 2015, que es cuando se elaboró la muestra, el número de habitantes en Bétera era de 23.178 habitantes.
El análisis del control interno se ha realizado a través de unos cuestionarios, las respuestas de los cuales sobre los aspectos más relevantes han sido contrastadas. La metodología que se ha seguido se describe en el apéndice 2 de este informe.
El control interno de estos ayuntamientos ha sido valorado hasta un máximo de 50.000 puntos, distribuidos por áreas y subáreas.
El resultado individualizado por ayuntamiento de esta evaluación se ha recogido en los respectivos informes emitidos para cada uno de ellos.
El presente informe recoge un análisis del control interno del conjunto de estos ayuntamientos. Este análisis global permite comparar los resultados de la evaluación individual de los ayuntamientos fiscalizados y conocer cuáles son las principales áreas de riesgo y sus causas, así como qué son las incidencias relevantes más frecuentes.
Todos los detalles de este informe de 80 páginas se puede consultar en el siguiente enlace: consultar aquí.