Ayer lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se abrió el plazo de participación ciudadana en la futura Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que el objetivo es que esta ley “no sea meramente declarativa, sino que tenga un impacto sobre la vida real de la gente, sobre todo en el ámbito económico”.

Entre sentido, ha señalado que el objetivo es que el texto recoja propuestas como medidas para “favorecer en la contratación pública o en la concesión de subvenciones a aquellas empresas que tengan órganos directivos o consejo de administración paritarios; que cuenten con planes de igualdad o que apliquen jornadas laborales reducidas de 32 horas o cuatro días de trabajo a la semana, por ejemplo”.

La vicepresidenta realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida ayer con representantes de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHORE), en la que estuvo acompañada por el secretario autonómico de Empleo y director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora).

Oltra explicó que este encuentro se enmarca dentro del contexto del 8M, puesto que la futura ley de igualdad tiene entre sus ejes “la redistribución de los recursos económicos, de los usos del tiempo, de la participación, la paridad y la democracia”, que “entroncan” con las propuestas que hace ARHORE sobre la “redistribución del tiempo, de los recursos económicos y los nuevos usos del tiempo”.

Asimismo, apuntó que estos objetivos tienen mucho que ver con el “fomento de las masculinidades igualitarias así como con la corresponsabilidad y la conciliación”.

Durante la reunión, la vicepresidenta escuchó las propuestas que realiza la Comisión Nacional en esta línea, cuyos representantes le trasladaron su interés por participar en la audiencia previa de la Ley de Igualdad.

En esta línea, el director general de Labora, Enric Nomdedéu, explicó que la propuesta de reducción de la jornada laboral que propone el Consell “se hace de la mano de los sindicatos y de la patronal y forma parte de lo que se entiende por la economía de triple balance: medioambiental, social y económico”.

En este sentido, señaló que se trata de un modelo económico que solo es posible si funcionan los tres balances, ya que “si no ganáramos medioambientalmente, si no ganamos socialmente en igualdad o si no fuera rentable económicamente no podría funcionar”.+, de ahí la importancia de la transversalidad de las medidas.

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