La Diputación de Valencia ha aprobado esta semana, en su pleno, un protocolo frente al acoso sexual para evitar situaciones de discriminación por sexo en el ámbito laboral.
La iniciativa del área de Igualdad que dirige Eli García ha sido secundada por el PSPV, Compromís, el Partido Popular, Ciutadans, El Valle nos Une y el diputado no adscrito, en un pleno de julio que ha abierto el presidente Gaspar, como de costumbre, con el recuerdo de las víctimas mortales de la violencia de género del último mes y el grito de rabia de la institución contra los asesinos de estas mujeres.
La responsable provincial de Igualdad ha lamentado que el sexo “continúa determinando todavía las oportunidades de vida de una persona a pesar de que algunos se obstinan a negarlo”, una realidad que llevó en su momento al equipo de gobierno provincial a crear la primera delegación de Igualdad de su historia, a la cual siguió la primera comisión de Igualdad, el primer plan de igualdad de oportunidades de la corporación y ahora este protocolo que promueve “un trato igualitario en las relaciones sociales y laborales que se dan cada día entre los más de mil trabajadores y trabajadoras de la institución”.
Eli García ha destacado del protocolo, que entre enero y junio ha recogido las propuestas de diferentes departamentos de la Diputación, incluidos los sindicatos, el “carácter preventivo con medidas de formación, pero también el carácter garantista respetando la presunción de inocencia, en base a principios como la confidencialidad, la diligencia, la celeridad y la sensibilización para evitar situaciones discriminatorias por razón de sexo en el ámbito laboral”.
La portavoz de Ciutadans, Rocío Gil, ha celebrado la aprobación de este “mecanismo garante del personal de la Diputación”. “Ya era hora” de poder disponer de una herramienta que sirva para “proteger el asediado, pero también al injustamente acusado”. En la misma línea se ha expresado la diputada de Diversidad, Dolors Gimeno, quien asegura que el protocolo supone “un paso más hacia la igualdad absolutamente real y la garantía de los derechos de mujeres y hombres”. Mientras que el diputado de Vox, Joaquín Alés, ha rechazado el mecanismo a pesar de considerarlo “útil”, puesto que podría convertirse en “una arma de doble corte al no garantizar la imparcialidad por la falta de expertos juristas”.
Por otro lado, también se ha aprobado el Reglamento de organización y funcionamiento interno de la Comisión de Igualdad, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciutadans y El Valle nos Une y la abstención del PP y el diputado no adscrito, que reivindican su participación en un órgano la composición del cual está preceptuada en el artículo 5 del Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad y su registro.
Este reglamento dice que la comisión tiene que ser paritaria, con seis miembros en representación de la institución y otros seis en representación de los empleados públicos, nombrados por los sindicatos que forman parte de la tabla de negociación de la Diputación. Completan el órgano las diputadas de Igualdad y Personal, Eli García i Pilar Molina, y cuatro técnicos o técnicas de las áreas de Bienestar y Personal. La comisión, que tiene que reunirse dos veces en el año de manera ordinaria y las que se estime oportuno de manera extraordinaria, tiene que abordar la confección del segundo Plan de Igualdad de la corporación provincial.
En una sesión en la cual se ha debatido, entre otros asuntos, sobre la posibilidad de introducir nuevos criterios de distribución en futuras aportaciones al Fondo de Cooperación, se ha llegado a otros acuerdos por unanimidad, como el voto favorable a varias propuestas del PP en las cuales se insta el Gobierno estatal a ampliar la suspensión de reglas fiscales a los entes locales en 2022 y 2023 e ingresar cantidades debidas por anticipado del IVA de 2017. El objetivo de estas propuestas es “aumentar la liquidez de los ayuntamientos” en un contexto especialmente complicado a causa de la pandemia.
También ha habido unanimidad en torno a la propuesta conjunta del PSPV y Compromís para retirar de forma generalizada los peajes en todas las carreteras y vías de la provincia. Y solo registró la abstención de Compromís la propuesta de acuerdo del PP sobre la superpoblación de especies cinegéticas, matizada por el resto de formaciones. La mayoría de los grupos coinciden en el necesario control del ecosistema para evitar que especies como el *javalí o el conejo perjudican la tarea de los agricultores.