El 82 % de mujeres africanas y afrodescendientes en España sufre discriminación en el ámbito laboral. Así lo desvela una invetigación de la Organización No Gubernamental Movimiento por la Paz (MPDL).

El informe se ha presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Este informe evidencia la “urgente necesidad” de recoger datos desagregados por sexo y etnia, que visibilicen las diversas formas de racismo que sufren estas personas.

“Mujeres africanas y afrodescendientes en España: análisis de los factores de discriminación en el acceso a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sociales” es el primero que se realiza sobre las múltiples formas de discriminación que sufren en España y revela resultados preocupantes sobre la situación de derechos humanos de este grupo de mujeres.

Financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recoge las experiencias de discriminación de 320 mujeres de 38 nacionalidades que residen en 19 ciudades españolas y los testimonios de 74 personas funcionarias de la Administración Pública relacionadas con el sector de la intervención social.

Desde 1992, cada 25 de julio se conmemora el trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

Según indica el estudio, la discriminación racial al que hace frente este grupo de mujeres se manifiesta mayoritariamente en el ámbito laboral.

Así, el 82 % de las encuestadas considera que el racismo estructural constituye una barrera en el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad.

Asimismo, un 74 % estima que su color de piel no sólo limita su capacidad de encontrar un empleo sino también de acceder a puestos de responsabilidad profesional.

A ello se suman el racismo y los estereotipos que se hacen presentes en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la salud y la vivienda.

Las encuestas reflejan que cuando pretenden alquilar una vivienda, en el 60 % de los casos afrontan abusos contractuales como la subida repentina del precio o la solicitud de hasta un año de fianza.

A pesar de que la situación de discriminación de este colectivo ha empeorado con la crisis de la COVID-19, la mitad de las personas funcionarias del ámbito social que participaron en el estudio no tiene formación específica en materia de racismo y xenofobia que les permita ofrecer un servicio acorde a una sociedad multicultural.

Un 31 % de las trabajadoras de servicios sociales tampoco aplica una metodología transversal de género y raza a la hora de intervenir con mujeres africanas y afrodescendientes.

“Esta realidad no sólo obstaculiza la eficacia de las atenciones sociales con mujeres racialmente diversas, sino que además legitima la reproducción de dinámicas discriminatorias dentro de las propias instituciones públicas”, sentencia el informe.

Los resultados de la investigación evidencian la necesidad, desde las Administraciones Públicas, de recoger datos desglosados por etnia o raza que permitan diseñar políticas desde una perspectiva étnico-racial, además de la perspectiva de género.

Asimismo, concluye que “las políticas sobre las cuales las mujeres de ascendencia africana no son consultadas y no tienen un impacto significativo en sus vidas, e incluso pueden empeorar su situación de vulnerabilidad”.

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