El Jurat Econòmic-administratiu de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, ha resuelto un total de 350 reclamaciones en el año 2021, lo que representa un 79,4% más que en 2020.

En concreto, hasta el mes de diciembre se han resuelto el 95,63% (350) reclamaciones de las 366 que se han tramitado en el tribunal durante este año (327 reclamaciones registradas de entrada en 2021 y 39 reclamaciones que estaban pendientes a fecha 1 de enero de 2021).

Tal y como han confirmado desde este órgano revisor, las reclamaciones registradas han estado relacionadas, principalmente, con las tasas sanitarias (285, el 77,9% del total) seguida de las reclamaciones por actuaciones de la Agència Tributària Valenciana (ATV) en recaudación de ingresos de derecho público no tributario (27, el 7,4%) y en recaudación de ingresos de derecho público de administraciones locales (22, el 3l 6%).

No obstante, el Jurat también ha registrado reclamaciones vinculadas con el canon de saneamiento (21, el 5,7%), con las tasas portuarias (4, el 1,1%) y con otras tasas.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado “la agilidad con la que el órgano revisor está resolviendo actualmente los expedientes, permitiendo que a lo largo del ejercicio haya cumplido con creces las funciones que tiene asignadas y se haya dado salida a expedientes registrados anteriormnte” y ha agradecido el trabajo de este organismo “que reduce la litigiosidad, facilita las reclamaciones administrativas de la ciudadanía y garantiza que se cumplan sus derechos a la mayor brevedad posible”.

En concreto, el Jurat se encarga, antes de recurrir a la vía judicial y contencioso-administrativa, de recabar las reclamaciones económico-administrativas de la ciudadanía y de los recursos extraordinarios de revisión de actos administrativos firmes relacionados con los tributos propios de la Generalitat; actuaciones de recaudación de la ATV respecto a ingresos de derecho público de la Generalitat de naturaleza no tributaria, así como respecto a ingresos de derecho público de titularidad de las administraciones locales asumidas por delegación o convenio.

Tal y como ha señalado Soler, “desde su creación en 2019, cuando se convirtió en órgano administrativo independiente de la Dirección General de Tributos y Juegos, hemos conseguido reducir los plazos de resolución, ofrecer una mayor calidad técnica de las resoluciones”.

Además, la decisión de optar por la colegialidad en las resoluciones, con participación de todos los miembros del órgano, “aumenta la imparcialidad de las mismas” al tiempo que ha ganado mayor grado de visiblidad y conocimiento tanto por la parte administrativa y de las diferentes consellerias, como por parte de los órganos judiciales y, por supuesto, de los propios contribuyentes, que cada vez son más conscientes de que este órgano está a su disposición para resolver de forma rápida y eficaz sus controversias con la Administración”.

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