La Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana (SPI) se reunió este jueves para abordar el contenido de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y analizar su impacto en el SPI. Asimismo, durante el encuentro se han analizado también los planes de teletrabajo remitidos por distintas entidades, en cumplimiento con el V Acuerdo de la Comisión.

La directora general del Sector Público y Patrimonio, Isa Castelló, ha remarcado que la Comisión de Diálogo Social, “como continuación de la tarea que desempeña desde su creación, va a analizar el impacto de la Ley 20/2021 en todas las entidades, solicitándoles información y canalizando todas las dudas que tengan sobre el texto”.

Isa Castelló ha incidido en que esta norma “invoca permanentemente la necesidad de coordinación y por ello, en conexión permanente con la Dirección General de Función Pública, la Comisión va a tratar de dotar de un marco lo más claro y homogéneo a todas las entidades, siempre con estricto respeto a los ámbitos de negociación y participación de cada entidad”.

“Desde la Generalitat queremos aportar control y rigor a los procesos, pero sobre todo, y a través del diálogo con la representación sindical y los expertos, explorar todas las vías que permitan retomar la planificación y transparencia como ejes en la gestión de los recursos humanos”, ha apuntado la directora general.

2.519 plazas a oferta de empleo público

Desde la Dirección General se ha recordado que la Generalitat ha sacado un total de 2.519 plazas a Oferta Pública de Empleo desde 2016 a 2021 al tiempo que se han regularizado las bolsas de empleo en todas las entidades, “eliminando prácticas opacas y generalizando el uso del concurso oposición para la selección definitiva y temporal de perfiles, aunque con grados de cumplimiento dispares entre las distintas entidades”, ha explicado la directora general.

Isabel Castelló ha subrayado que “la Comisión de Diálogo Social del Sector Público se creó en febrero de 2017, antes no existía. No había ningún espacio de negociación colectiva y participación que abarcara todo el Sector Público Instrumental, pero desde el Consell se quiso crear este foro de diálogo”.

Ley 20/2021

La Ley 20/2021 pretende reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a esta condición, objetivar las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades que constituya un mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos.

Esta norma pretende refundir las distintas normas en vigor, añadir seguridad jurídica y transparencia, así como facilitar el día a día de las entidades, al tiempo que abordar el asunto de las bolsas de empleo temporal del sector público valenciano, por lo que ha instado a las distintas entidades del Sector Público a “avanzar en la consolidación de las plazas de empleo público”

En este sentido, la directora general de Sector Público ha subrayado que “ya estamos trabajando para adaptar al nuevo marco legal el que fue uno de los objetivos fundacionales de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental: la reducción de la temporalidad”.

Comisión de Diálogo Social del SPI

La Comisión de Diálogo Social del Sector Público está presidida por el conseller Vicent Soler, y conformada, además, por las personas responsables del sector público de la Conselleria de Hacienda, de otros departamentos de la Generalitat en materia presupuestaria, de función pública, diálogo social y trabajo, así como representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el conjunto del sector público instrumental de la Generalitat (en este caso, UGT, CCOO e Intersindical).

La Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat es el órgano de consulta, debate y participación en lo relativo a las cuestiones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.

Entre sus funciones figuran estudiar, debatir y elaborar criterios y recomendaciones sobre cuestiones de carácter colectivo que puedan surgir en los entes del sector público instrumental, así como promover el desarrollo de los recursos humanos a través de propuestas de actuación que serán transmitidas a los órganos de decisión correspondientes.

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