(EFE) La Generalitat rebajará un 10 % las tasas y precios públicos de competencia autonómica durante este año, una medida que afectará a 70 tasas fiscales y que forma parte del Plan Reactiva para hacer frente a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado esta rebaja tras reunirse con los agentes sociales para tratar sobre las medidas de respuesta a la crisis energética, y ha afirmado que lo más importante es parar el incremento de los precios y ayudar a salvar proyectos de vida y de empresas.
Algunas de las tasas están vinculadas a la normativa estatal, por lo que habrá que estudiar cómo se aplica la rebaja, ha precisado Puig, que también ha avanzado otras acciones sobre el transporte.
La rebaja del 50 % del precio en el transporte público en Valencia se hará también en el TRAM de Alicante y se negociará con los concesionarios para que bajen el precio de los billetes, a la vez que luchan a favor de la descarbonización.
En estos momentos, la dificultad “ha de ser compartida”, por lo que las empresas tienen que hacer también un esfuerzo por contener los precios rebajando los márgenes y “no trasladando todo a los precios”, con el fin de que los ciudadanos no sufran de manera “tan cruenta” la crisis energética, ha instado el president.
El Plan Reactiva que incluye estas y otras medidas se concretará la próxima semana una vez se acuerden con la patronal y los sindicatos. El plan se basa en cuatro pilares: la lucha contra la inflación, pese a las limitaciones que tiene para actuar como gobierno autonómico, ayudar a empresas y familias, medidas de eficiencia y ahorro energético con ayudas a todos los sectores y, por último, acciones para acelerar la autonomía energética.
Este plan se financiará a través de recursos propios, de los fondos Feder y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo.
La respuesta valenciana complementa, ha dicho, las medidas anunciadas por el Gobierno de España y el marco de medidas europeo, donde se han levantado algunas restricciones a empresas que el Gobierno valenciano “va a cubrir”.
El pleno del Consell ya aprobó este viernes un decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada por la guerra en Ucrania que pretende facilitar nuevas instalaciones de energía fotovoltaica y eólica, para lo que se reduce a un año el tiempo de tramitación.
También establece medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, para lo cual simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas, con el fin de reducir el tiempo de tramitación.
Además, se establece una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3 % de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, con criterios de ponderación para incentivar que se ubiquen en suelos de menor valor agrológico.
Igualmente, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas y se incrementa la participación de los ayuntamientos, que podrán hacer los informes pertinentes, además de favorecer la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.
También se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 megavatios, que ahora tendrán una tramitación de urgencia, y se incorporan cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad.
Asimismo, se favorece la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios y se incorpora la posibilidad de declaración energética/estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés o bien económico, energético o ambiental.
El president ha agradecido a los agentes económicos la alineación de objetivos para ayudar al tejido económico valenciano, como ya se hizo para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.