Los eurodiputados de Esquerra Republicana (Verds/ALE) Jordi Solé y Diana Riba han preguntado a la Comisión si és conocedora de los nuevos proyector fotovoltaicos y eólicos, así como de las actuaciones previstas para garantizar la preservación de la red Natura 2000 y el cumplimiento de la normativa ambiental europea.
“No podemos aspirar a la energía renovable a costa de la salud ambiental. La red Natura 2000, así como otros hábitats naturales protegidos no pueden quedar desprotegidos”, ha declarado la secretaria general de ERPV Maria Pérez, quien vé en el decreto 6/2022 la excusa perfecta para “dar a ganar dinero a los de siempre, los oligarcas”.
El eurodiputado republicano Jordi Solé se entrevistó en su última visita al País Valenciano en julio pasado con entidades ecologistas valencianas que le hicieron llegar su preocupación ante la posibilidad de que la nueva normativa que se prepara, amparada por
el decreto español 6/2022 de medidas urgentes ante la invasión de Ucrania, pueda dejar desprotegida la Red Natura 2000. El decreto mencionado facilita la implantación de grandes instalaciones renovables reduciendo las exigencias de protección ambiental en la obtención de los informes.
En este sentido, la respuesta de la Comisión Europea es clara, asegurando que mantuvo contacto con el gobierno español antes del decreto 6/2022 para asegurarse de que se agilicen los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de
energías renovables y que estos se ajusten a los requisitos ambientales de la UE.
A partir del decreto 6/2022 diferentes comunidades preparan una nueva legislación que permita autorizar proyectos fotovoltaicos y eólicos sin atender la debida protección de la Red Natura 2000 así como otras medidas de protección ambiental. En el País Valenciano hay alrededor de 90 proyectos esperando los permisos. En este sentido, Pérez ha sido contundente “pedimos al presidente Puig y a la consellera Mollà que no caigan en la tentación de reducir la protección ambiental. Esta seria una estrategia
absolutamente insostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social.
No consentiremos que el juego de trileros del gobierno español se extienda al País Valenciano”.