Una residencia de ancianos privada de l’Eliana ha sido desalojada este martes por orden judicial, por el impago de rentas a la empresa propietaria del inmueble, y los catorce residentes que había en la misma se han ido con sus familias o han sido trasladados a la Residencia Pública de Carlet, con plazas disponibles en situaciones de emergencia.

Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que han precisado que se trata de una residencia privada con la que la Generalitat no tiene ninguna plaza concertada, cinco de las personas se han ido con sus familias y las otras nueve han sido llevadas al centro de Carlet.

Tres de estas últimas estaban afectadas por la covid-19, por lo que han sido trasladas en ambulancia, mientras que el resto ha sido llevado en transporte adaptado.

Al desalojo también han acudido agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes del instituto armado no han ofrecido información al respecto y se han limitado a señalar que no había novedades.

Hasta la residencia Cuidamont se han desplazado seis trabajdores de la Conselleria para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a todas las personas residentes que han tenido que dejar el centro debido al desahucio ordenado por un juzgado de Llíria.

QUÉ HACER ANTE ESTA SITUACIÓN

Este personal, según las fuentes, ha garantizado la aplicación del protocolo de cierre de centros residenciales, que contempla varias vías de actuación: la primera pasa por que la familia, con la ayuda que percibe la persona mayor, busque plaza en otro centro privado.

La segunda sería que la familia solicitara el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial, en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de L’Eliana, y la Consellería vería las posibilidades de asignacion.

Por último, una vez realizado el desalojo, si hay personas que necesitan una respuesta inmediata, se les puede asignar plaza en la Residencia Pública de Carlet, en las que tiene disponibles para situaciones de emergencia, y desde aquí, ir asignándoles plaza en centros lo más próximos posibles a los familiares.

LOS ANTECEDENTES JUDICIALES

Según fuentes judiciales, el 25 de enero de 2021 la empresa propietaria del inmueble interpuso una demanda contra la mercantil que gestionaba la residencia por el impago de rentas por importe de 84.734 euros.

Tras admitir el juzgado la demanda el 18 de febrero, fijó fecha de lanzamiento el 10 de junio para el caso de no pagar o no contestar, y de vista oral para el 14 de abril, aunque esta última fecha suspendió el proceso durante 60 días a petición de todas las partes al alegar que estaban en vías de transacción extrajudicial.

En diciembre de 2021 se dictó sentencia y el juzgado condenó a la empresa que gestiona la residencia a desalojar el inmueble y abonar a la demandante 225.472 euros, con intereses legales, y las cuotas de alquiler que puedan devengarse hasta la entrega efectiva de la posesión, a razón de 20.400 euros al mes.

Tras diversos requerimientos judiciales y solicitud de información por parte del juzgado, tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento y a la Generalitat, el juzgado recibió un escrito de la Conselleria de Igualdad que le informaba de que había 49 personas ingresadas, 40 de ellas con prestación económica por dependencia para hacer frente al coste de la plaza en centro privado.

En ese escrito, la Conselleria pedía medidas cautelares para evitar que ingresaran más residentes, ya que la presencia de la Administración es nula ante las admisiones.

El pasado 25 de octubre, Igualdad remitió al Juzgado otro informe informando de que se había dado plaza pública a 16 residentes y otros cuatro habían cambiado de centro por propia voluntad. También comunicó que si el día del lanzamiento quedaban residentes se les podría asignar plaza en la residencia pública de Carlet, como finalmente ha ocurrido.

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