La consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, ha anunciado una línea de ayudas por valor de 3 millones de euros para personas trabajadoras autónomas, así como para las empresas del sector del transporte público en autobús por carretera de la Comunitat Valenciana afectadas económicamente por la crisis de la guerra de Ucrania.
Como ha señalado la consellera, desde la Generalitat “estamos trabajando para tratar de mitigar los efectos económicos de los incrementos del precio de los combustibles y la energía en las empresas y las personas trabajadoras autónomas a raíz de la invasión de Ucrania, mediante la concesión de ayudas directas”.
En este sentido ha añadido que, en este caso, “se trata un sector puntero para la economía, casi 3.000 autobuses y más de 200 empresas realizan servicios de transporte discrecional de pasajeros en la Comunitat Valenciana y, además, tiene un especial protagonismo en el transporte público y es esencial para la movilidad sostenible y descarbonización de nuestras carreteras”.
Así, estas ayudas se van a articular a través de un decreto ley que aprobará el Pleno del Consell “en breve”. Según ha explicado Torró, “por la urgencia que requiere tramitar estas ayudas para el sector y por el elevado número de potenciales personas beneficiarias que podrán acogerse, su tramitación requiere medidas ágiles y de simplificación administrativa, es por eso que se va a aplicar el procedimiento de urgencia en la concesión y la utilización de medios electrónicos para su tramitación”.
Asimismo, esta iniciativa de la Conselleria está en la línea de las medidas aprobadas por la Comisión Europea y el Gobierno de España para apoyar a la economía, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, se publicó el Decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra de Ucrania, validado por Les Corts. En este decreto ley se anunció un plan de choque (Pla Reactiva), que incluía ayudas complementarias a las aprobadas por el Gobierno estatal para tratar de compensar, temporalmente, a las empresas y personas trabajadoras afectadas por el alza de los costes energéticos y de los combustibles.