La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha establecido para las personas en situación de dependencia por diversidad funcional que hayan solicitado un servicio de promoción consistente en ‘Apoyos personales, atención y cuidados en Viviendas Tuteladas supervisadas o asimiladas’ cobrarán la cuantía máxima establecida por la normativa estatal para el grado III de dependencia, fijada actualmente en 715,07 euros, independientemente del grado que tengan reconocido.

Así lo establece el decreto que regula la calidad en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que publica el DOGV, en la primera de sus disposiciones finales en la que modifica el decreto referente al procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.

Tal y como establece la normativa estatal, las cuantías para el servicio de promoción de la autonomía personal del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que figuran las viviendas tuteladas supervisadas,  se fijan en 300 euros para el grado I, 426,12 euros para el grado II y 715,07 euros para aquellas personas con grado III de dependencia reconocido.

El director general del Instituto Valencino de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales (IVAFIQ), Joan Crespo, ha explicado que el objetivo de equiparar todos los grados y conceder la cuantía máxima de 715,07 euros es “facilitar el acceso” al recurso de las viviendas tutelada supervisadas a las personas con diversidad funcional o con trastorno de salud mental en situación de dependencia, “aunque sea con un grado I o II, siendo también compatibles con otros servicios como centros de día o asistentes personales’.

Así, ha recordado que desde Igualdad “apostamos por la implantación de las viviendas tuteladas supervisadas frente al sistema tradicional de residencias y por un modelo de atención inclusivo que favorezca la autonomía de las personas con diversidad funcional intelectual o trastorno mental grave”.

Al permitir que, independientemente del grado de dependencia, todas las personas que soliciten este servicio reciban la máxima cuantía en su prestación, “garantizamos que puedan acceder a un recurso que les permite normalizar su vida y disponer de un hogar en las mismas condiciones que el resto de la población, como son este tipo de viviendas”, ha indicado.

 

El decreto de calidad en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que publica el DOGV es uno de los decretos que desarrollan la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y su objetivo es garantizar la mejora en las prestaciones dirigidas a las personas usuarias del sistema de servicios sociales con un mejor apoyo profesional y tecnológico.

De esta manera, el decreto, según el director general del IVAFIQ, “aporta al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales un marco claro y sistematizado para abordar la mejora continua de la calidad en los centros, servicios y programas de servicios sociales”. Así, articula las prestaciones y establece las directrices para evaluar los objetivos y los resultados conseguidos.

Para ello, el decreto prevé “el despliegue de un equipo de personal auditor que trabajará en los 21 departamentos del mapa de servicios sociales”, ha explicado Crespo, que ha detallado que “se ha previsto la incorporación progresiva de siete auditores y auditoras cada año, desde 2023 hasta 2026, hasta completar un equipo de 28 personas que velarán por la calidad del sistema”.

En una primera etapa, este equipo elaborará instrumentos con indicadores precisos para cada recurso. “Con ellos se realizarán evaluaciones rigurosas de la calidad para establecer comparativas a lo largo del tiempo o entre centros, que permitirán buscar la mejora continua y reconocer a aquellos centros que presenten mejores condiciones de calidad”, ha destacado Joan Crespo.

Además, el decreto regula cuestiones como la obligación de registrar las certificaciones de calidad en el registro de autorización de centros o la articulación de un nuevo registro de entidades reconocidas para la evaluación de la calidad en el ámbito de los servicios sociales.

Finalmente, cabe destacar que los centros ya autorizados que no dispongan de certificación de calidad deberán obtenerla en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de este decreto.

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