(EFE).- Varias banderas arcoíris han aparecido en balcones de Náquera, el primer municipio de la Comunitat Valenciana en el que Vox ha conseguido una alcaldía gracias a un acuerdo de gobierno con el PP, que establece que no se colocarán banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales.
Desde el pasado sábado, cuando se constituyeron los ayuntamientos resultantes de las elecciones municipales del 28 mayo, el alcalde de este municipio de interior de 7.700 habitantes es Iván Expósito (Vox), cuyo partido ganó las elecciones y logró 4 ediles, gracias a un acuerdo de gobierno con el PP, que obtuvo 3 y cuya suma supone la mayoría absoluta.
El pacto incluye veinte puntos programáticos, algunos de los cuales han generado ya polémica, como la retirada de banderas LGTBI de los edificios oficiales o la decisión de sustituir las concentraciones contra la violencia machista por actos de “no a la violencia” o de condena de “toda violencia”.
Entre los puntos del acuerdo se encuentran la “promoción de los valores constitucionales”, la “celebración del día de la Constitución y la Hispanidad” en el municipio, la supresión de las subvenciones a entidades “independentistas y pancatalanistas” o la “neutralidad institucional en el ámbito cultural”.
Sin embargo, el punto referido a las banderas LGTBI ha sido el que más controversia ha generado en los medios de comunicación y las redes sociales, hasta el punto de que la Comisión Europea ha señalado que está “al tanto” de esa noticia y ha subrayado que las demostraciones pacíficas son “un derecho fundamental en todos los países democráticos”.
Desde el PSPV-PSOE de Náquera, han considerado que este acuerdo es “el pacto de la vergüenza y del odio” y han invitado a los vecinos de la localidad a colocar banderas arcoíris en sus balcones y ventanas, “con los colores que el nuevo gobierno niega a toda la sociedad”.
UN VECINO, OBLIGADO A RETIRAR LA BANDERA POR AMENAZAS
Es lo que ha hecho Daniel, vecino de la localidad, que colgó la bandera que normalmente guardaba “en un cajón de su casa” por la “injusticia” que a su juicio supone el nuevo acuerdo de gobierno, y horas más tarde escuchó en la calle a dos hombres que amenazaban con tirar algo desde la calle al balcón, según ha relatado.
“Dos hombres habían parado el coche debajo de mi casa y hablaban sin saber que yo estaba allí , pero al verme, uno le dijo al otro que arrancara porque podía cogerle la matrícula”, ha explicado Daniel, que finalmente retiró la bandera y ahora se pregunta “qué habría pasado si en vez de en coche hubieran ido andando”.
Desde el cambio de gobierno, ha asegurado, ha escuchado “algún comentario fuera de lugar” sobre el colectivo LGTBI en espacios públicos como las terrazas de algún bar, y ha afirmado que el ascenso a la alcaldía de Vox “ha dado autoestima a la gente que piensa así”.
Para este vecino de la localidad, la decisión de retirar las banderas de espacios públicos “invisibiliza” la realidad del colectivo y, sobre si el pueblo se ha volcado colgando sus propios símbolos desde los balcones, ha indicado que le gustaría “ver más”.
“Yo llego a comprender que la gente piense lo que quiera, mientras no hagan daño”, ha manifestado Daniel, quien ha recordado: “la libertad de uno termina donde comienza la libertad de otro”. Por esta razón, se ha planteado denunciar los hechos, aunque todavía no ha tomado ninguna medida.
EL EQUIPO DE GOBIERNO ASEGURA QUE QUIERE CUMPLIR LA LEY
El equipo de gobierno ha tenido que salir públicamente para afirmar que no están prohibiendo “el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los distintos espacios públicos del municipio”, y que lo que defienden es la necesidad de seguir el protocolo de banderas en los edificios municipales, tal y como se cumple en otras instituciones.
Aseguran que apoyan “rotundamente a todos los vecinos del municipio”, ya que según el artículo 14 de la Constitución los españoles “son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El equipo de gobierno condena la “manipulación mediática que se está vertiendo por diferentes medios de comunicación e incentivada por los partidos de izquierdas municipales y autonómicos, con el único objetivo de desestabilizar al actual gobierno local”.
Las asociaciones de mujeres vigilarán que no haya retroceso en sus derechos con PP-Vox
Así lo ha asegurado la consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, tras la reunión que ha mantenido esta semana con diferentes asociaciones de mujeres, feministas y de víctimas de la violencia de género para agradecerles el trabajo realizado junto a la Conselleria en los últimos ocho años.
Bravo ha defendido el legado que deja el Gobierno del Botànic, y ha mostrado su preocupación y la de las asociaciones por el futuro de la red pública de atención a las víctimas del delito, un servicio que cuenta con más de 200 profesionales y que ha atendido a más de 90.000 víctimas, el 70 % de ellas mujeres.
En este sentido, la consellera ha dicho que estarán vigilantes para que no se reduzcan recursos y no se minimice este servicio, único en el territorio español.
Ha afirmado que les preocupa el futuro de estos servicios debido a un pacto de gobierno en el que “se ha borrado la violencia de género” y por el que la Conselleria de Justicia va a estar “en manos de un partido que está negando la violencia de género”, mientras que el futuro president de la Generalitat no da importancia a ese borrado.
“Creo que los derechos y la seguridad de las mujeres están en juego”, ha afirmado la todavía consellera de Justicia, quien ha advertido de que estarán atentas “para que no se dé un paso atrás en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia” machista.
Bravo ha defendido que a las cosas “hay que llamarlas por su nombre” y no se puede “llamar violencia intrafamiliar a un tipo de violencia que se genera por el simple hecho de ser mujer”, al tiempo que ha pedido respeto por las más de 1.200 mujeres asesinadas y por las miles que tienen órdenes de protección.
Las mujeres “no merecemos un gobierno como el del PP y Vox”, ha afirmado Bravo, quien también se ha referido al hecho de que en Extremadura el PP no haya querido pactar con Vox para formar Gobierno.
“Ojalá en esta Comunitat hubiéramos tenido un candidato que realmente creyera en los derechos de las mujeres, estuviera preocupado por los derechos humanos y hubiera tenido esa sensibilidad para no cruzar líneas rojas”, ha afirmado.
A juicio de Bravo, el PP a nivel nacional “no puede sacar la bandera de lo ocurrido en Extremadura”, pues seguramente “es un pacto para blanquear” lo que están haciendo en el resto de España, y especialmente, en la Comunitat, donde en su opinión “ha tenido más peso el afán de poder y ocupar un sillón que la defensa de los derechos de las mujeres”.