Hoy sábado, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas se celebra desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de ese mismo año.

Fue el 23 de septiembre del año 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. estuvo en Argentina con la denominada “Ley Palacios”, porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.

En el mundo, 1,8 millones de personas sufren la lacra de un delito con una magnitud y rentabilidad solo equiparable al trasiego de drogas y armas.

La trata de personas, es un gravísimo atentado contra los derechos humanos el cual se diversifica en diferentes modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, trasiego de órganos, etc. De estas modalidades, la relacionada con la explotación sexual es la más numerosa y tiene un fuerte componente de género, porque la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.

Programa ALBA de la Generalitat Valenciana

Hay que recordar que a finales del pasado mas de agosto, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda resolvió el concierto con las entidades de iniciativa social que se encargan de gestionar el Programa Alba de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución o tráfico, así como sus hijos e hijas menores que convivan con ellas.

Las entidades encargadas de gestionar el programa son la Fundación APIP-ACAM, que lo gestiona en la provincia de Castelló y València, y la entidad Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que lo hace en la provincia de Alicante.

Estos conciertos se prolongarán hasta el 31 de agosto de 2025. Para financiarlos se ha destinado un importe total de 2.648.212 euros, con una distribución por anualidades de 441.368 para el ejercicio de 2023; 1.324.106, para 2024, y 882.737 euros, para el periodo establecido en 2025.

El balance del programa durante el primer semestre de este año informa de 1.473 mujeres atendidas: 526, en la provincia de València; 467, en Alicante, y 480, en la de Castellón.

Los equipos, uno en cada provincia, están integrados por un total de 10 personas profesionales cada uno: una persona coordinadora, dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, una psicóloga, una abogada, una integradora social, una mujer superviviente con formación en mediación que asesora y acompaña el equipo, y una administrativa.

Las profesionales, además de ofrecer atención en las oficinas, realizan salidas mediante unidades móviles en las zonas y lugares donde se tiene conocimiento o indicios que se desarrollan actividades de explotación sexual.

Cuando las mujeres entran al Programa Alba, ha indicado, reciben asesoramiento y atención social integral en todos los aspectos que necesitan y que promuevan su promoción personal y social, el acceso y la inserción en los recursos comunitarios para salir la situación de explotación sexual.

La intervención también incluye atención psicológica para promover los factores de resiliencia que los permita realizar un proyecto vital satisfactorio para ellas. También se trabaja la adquisición de habilidades prelaborales y de calificación profesional, además de ofrecerlos atención jurídica.

El programa ofrece también a las mujeres alojamiento inmediato en caso de que no lo tengan y quieran abandonar la situación de explotación en que viven. En estos casos, se los explica la situación legal y sus posibilidades y se los acompaña en el proceso de salida de la situación en que se encuentran, utilizando los servicios existentes en la red pública.

Por otro lado, el Programa Alba también desarrolla acciones de sensibilización y prevención del uso de la prostitución, y trabaja coordinadamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía o Juzgados, en los casos en que detectan situaciones que puedan ser constitutivas de delito.

En estos casos, se prevé ofrecer a las mujeres víctimas acompañamiento especializado y la acogida inmediata en la red residencial de mujeres víctimas.

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